La diputada massista Graciela Camaño volvió a cuestionar la sesión del miércoles pasado en la que se designó a Julián Alvarez y Juan Forlón como auditores de la AGN en la que, dijo, «se vulneró de manera alevosa el reglamento».
La legisladora confirmó que existe «un compromiso con el radicalismo, el PRO y algunos otros partidos de izquierda de revisar esta sesión y hacer lo que corresponde», por lo que analizarían la posibilidad de plantear una nueva votación después de que asuma la nueva conformación de la Cámara.
En este sentido, aseguró a radio La Once Diez que «se puede volver atrás» con la medida y se quejó porque «en ningún lado figura el tema como tema incluido en la sesión. Su inclusión debería haberse hecho con la tres cuartas partes de los presentes en el recinto».
En esa línea, el presidente de la Auditoría, Leandro Despouy, consideró esta mañana, en diálogo con la misma emisora, que «hay posibilidad de que en la nueva Cámara se pueda declarar nulo este nombramiento».
Despouy dijo que «hubo una ilegalidad reglamentaria que configura una situación grotesca e inaceptable». Si bien planteó que «cinco auditores del kirchnerismo no van a destruir la AGN», señaló que «la gente tiene que impedir que se mate a una de las instituciones republicanas más vigorosas que pudo sobrevivir a las arbitrariedades del kirchnerismo».
«Hay que decirles ‘no pasarán’. Hay que decirles ‘basta'», enfatizó.
En ese marco, Camaño adelantó que el Frente Renovador presentará «dos acciones judiciales: uno en lo contencioso administrativo, y la otra vamos con una cautelar a los efectos de que estas personas no ingresen a la auditoria».
Y cuestionó al oficialismo porque «el Congreso ha sido un lugar que ellos han cooptado y que han utilizado con la mayoría que tienen para hacer lo que quieren».
Las demandas de los legisladores se suman a otras presentadas por distintas asociaciones civiles que denunciaron penalmente a la presidente Cristina Kirchner y al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, entre otros altos cargos, por la designación de Alvarez y Forlón.
Las dos denuncias recayeron, por sorteo, en los juzgados federales de Julián Ercolini y Sergio Torres.
Una de las presentaciones fue realizada por el abogado porteño José Magioncalda, de la asociación Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que pidió investigar a Domínguez por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La otra, radicada por Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, planteó que se investigue si se perpetraron los delitos de «abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, estafa y defraudación contra la administración pública».
Además fueron denunciados la jefa del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, y los camporistas Julián Alvarez y Juan Ignacio Forlón, que asumieron como miembros de la AGN.
Álvarez y Forlón, ex secretario de Justicia y ex presidente del Banco Nación, respectivamente, fueron propuestos en una moción de orden del kirchnerismo para reemplazar a Oscar Lamberto y Vicente Brusca, cuyos mandatos vencieron el 5 de septiembre último.
El escándalo se originó cuando Di Tullio rechazó el reclamo de la oposición para que primero se determine si se aceptaba incorporar el tratamiento del tema en el orden del día de la sesión especial. Según la diputada, correspondía votar la designación por mayoría simple, pero otros bloques argumentaban que como el tratamiento del asunto no había sido acordado en Labor Parlamentaria, requería tres cuartos de los votos para ser introducido en el orden del día.
En medio de un desorden, Domínguez ordenó realizar la votación que resultó favorable al oficialismo por 128 votos a 53 negativos y 26 abstenciones, en su mayoría de diputados que no reconocían la validez del tratamiento del tema.
