Los diputados que integran el bloque del Frente Renovador presentaron un proyecto de ley para que la Provincia se adhiera a la ley nacional 26.364 del año 2008 y su modificatoria (Ley N° 26.842) del 2012 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. La iniciativa tomará estado parlamentario este martes.
Estas leyes abordan uno de los flagelos de violación de derechos humanos más preocupante y urgente en la actualidad, y lo hacen tipificando el delito de trata de personas, fijando una escala penal para sus autores y partícipes.
A través de la trata de personas se violan los derechos humanos básicos de las víctimas, entre ellos, a estar libres de explotación, a estar libres de un trato cruel e inhumano, a estar libres de la discriminación basada en el género y a estar libres de violencia.
También se impide el pleno ejercicio del derecho a la salud, al acceso a la educación, en suma se ataca el pleno ejercicio de los derechos que hacen a la dignidad de todo ser humano.
Sobre el proyecto presentado por el bloque la diputada Verónica Larcher indicó: “Esta es un problema que atraviesa a toda la sociedad, por lo que entendemos que nuestra provincia debe adherirse a la ley nacional a fin de unificar los criterios de lucha contra éste flagelo en los términos dispuestos en la legislación nacional, sin fisuras”.
“Que los objetivos, principios y estrategias para la prevención y erradicación de la trata de personas y la asistencia de las víctimas son políticas de Estado, y deben ser abordadas de manera uniforme en todas las jurisdicciones y nuestra provincia debe seguir los lineamientos establecidos y a establecerse en el futuro por el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo creados por la ley nacional 26.364”, agregó.
Por su parte, Mariana Morales agregó: “Desde el bloque buscamos que mancomunadamente la Nación, la Provincia y los Municipios, deben tener unicidad de normas, complementariedad en sus acciones, herramientas y decisiones para encarar la problemática de manera coordinada. Así como los mecanismos de denuncia y registros derivados de la ley nacional”.
“Entendemos que es prioritario adherir a la ley nacional en la materia porque estamos frente a un delito complejo y de muy difícil determinación. En infinidad de causas donde se tienen elementos probatorios contundentes; finalizan sin condena o bien no pudiendo probar la comisión del delito de trata, terminan siendo favorecidos sus autores, por figuras penales menos gravosas o aun peor sólo siendo reprochadas estas conductas como una falta”, indicó la legisladora.
“Por tanto la cercanía e inmediatez en estos casos es primordial, las legislaciones locales y sus autoridades pueden, con instrumentos y recursos propios, entablar un combate directo, y complementario al que se fija a nivel nacional.
Tratándose de delitos de naturaleza interjurisdiccional y trasnacional, la única manera de dar la batalla es coordinando acciones, uniformando las normativas, y unificando las estrategias y los esfuerzos.
«Por ello, planteamos la necesidad de esta adhesión en el convencimiento que debe abordarse la lucha contra delitos de trata y explotación de personas en su real dimensión, lo que requiere que sea una política de Estado, perdurable en el tiempo y con un alto grado de compromiso de todos los gobiernos, organismos no gubernamentales y la sociedad en su totalidad”, finalizó la presidenta del bloque Verónica Larcher.
