Por decisión del oficialismo, se postergó para la semana que viene la firma de los dictámenes vinculados a la reforma de la ley de Alquileres, luego de escucharse en el Senado a los representantes de inquilinos, que se manifestaron preocupados por el proyecto opositor, el cual llegó con media sanción de la Cámara de Diputados.
Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, los expositores cuestionaron la propuesta de volver a los dos años de duración de los contratos con indexación cuatrimestral de los precios y que no se establezcan indicadores fijos para los ajustes.
Consideran que no se puede dejar librados los aumentos al acuerdo entre las partes, dado que ellos no tienen capacidad para exigir condiciones y en los hechos, ante la laxitud de la normativa, terminarán sometidos a los términos que impongan los propietarios.
A su vez, denunciaron abusos de inmobiliarias y ausencia de control al cumplimiento de la ley 27.551, la cual está vigente desde junio del 2020 y no tuvo los resultados esperados producto de la disparada de la inflación.
El Frente de Todos impulsa una reforma que mantiene los tres años de duración de los contratos con indexación semestral de los precios de los alquileres, conforme indicadores fijos.
Para lograrlo, negocia con los senadores del bloque Unidad Federal y con los monobloquistas Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega.
Juntos por el Cambio presionó para pasar a la firma de los dictámenes hacia el final del plenario de comisiones, pero la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio pidió un cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana que viene a fin de poder «acercar posiciones» dentro del interbloque oficialista y con «otros bloques para llegar a un número significativo en el recinto».
«La media sanción que viene en revisión perjudica claramente a los inquilinos y lo que pidieron es que se vuelva a la situación anterior. Nosotros tenemos propuestas para mejorar el dictamen», sostuvo la bonaerense, titular del bloque de Unidad Ciudadana.
Las exposiciones
El primero en disertar fue el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, quien apuntó los cañones contra las inmobiliarias por la falta de cumplimiento de la ley de Alquileres.
«Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado a dónde ir a reclamar», fustigó, y criticó al ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, por no asistir al Congreso para dar su punto de vista sobre la problemática, que es de incumbencia de la cartera que conduce.
También lamentó que en la reunión informativa de ayer hayan concurrido «todos empresarios y ningún propietario» para exponer.
«Vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda. Eso me parece una derrota que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina», protestó.
Muñoz relató cómo fue agudizándose el drama del acceso a la vivienda en el país conforme fueron pasado los años.
«En 1991 había 8 millones de viviendas, había 3.6 personas por vivienda. En 2001, 11 millones de viviendas y 3,1 persona por vivienda. En 2010, casi 14 millones de viviendas y 2.9 de personas por vivienda. En 2022, 18 millones de viviendas y 2.6 personas por vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas, la situación es obscena», se quejó.
Para el titular de Inquilinos Agrupados, no hay un problema estructural con la ley actual, y pidió mantener la normativa con el Estado velando por su efectivo cumplimiento.
«El problema lo tienen las inmobiliarias que quieren cobrar cada 24 meses. Tampoco nos creemos que el problema sea la actualización de los precios y el precio inicial que tampoco está regulado y te cobran lo que se les antoja», apuntó.
Según dijo, «las inmobiliarias se creen estar por encima y si la ley no les gusta no la cumplen».
«Sinceremos el debate y den señales claras. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario, garanticemos que 10 millones de inquilinos tengamos al Estado velando para que se cumpla esta ley», resaltó.
Por último, aseguró que «la media sanción afecta todos los derechos de los inquilinos» y criticó especialmente la incorporación de los pagos adelantados, como el hecho de quitar la obligatoriedad de que los propietarios registren los contratos ante la AFIP.
«Es una barbaridad. La actualización cuatrimestral es un escándalo, pusieron tres índices y ni en la ley actual se sabe cuál se toma y no hay campañas de difusión porque nadie sabe qué son los precios mayoristas, todo es para confundir y tratar de que no se entienda. La media sanción es una redacción del mercado, intentan ocultar las intenciones reales», remató.
A su turno, Juan Arrizabalaga, representante de Inquilinos Tandil y concejal de Unión por la Patria en esa ciudad, calificó la media sanción de la ley como «una reforma pro mercado y pro rentista» que supone «un nuevo ataque del lobby inmobiliario» al derecho al acceso habitacional-.
A su entender, «achicar el plazo de los contratos de tres a dos años va a generar más inestabilidad habitacional», en tanto que «pasar del ajuste anual a cuatrimestral» redundará en mayores costos inmobiliarios.
«Lo que está en juego es que el año que viene millones de inquilinos no tengan a dónde ir a vivir, no tengan para pagar un alquiler», alertó.
Por su parte, la representante del Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) Luna Miguens remarcó que en Argentina y en el mundo «hay un proceso creciente de inquilinización y un proceso de concentración de vivienda».
«En el marco de esa crisis, el Estado tiene el deber, la responsabilidad y la obligación de defender el derecho a la vivienda», indicó, y enfatizó que «la media sanción va en contra de eso, porque lo que hace es restringir el rol del Estado».
«No entiendo quién puede pensar que volver al contrato de dos años no perjudica a los inquilinos. No se puede volver atrás con ese avance», insistió.
Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, se manifestó sorprendido por el planteo implícito en la media sanción opositora sobre una supuesta «igualdad de partes» en la relación contractual entre propietarios e inquilinos.
«Si el problema es la inflación, ¿por qué hoy discutimos la Ley de Alquileres? ¿O por qué la salida es esta media sanción? No se están discutiendo otras leyes de lo que sucede con otros bienes y servicios», interrogó.
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