El juez de control Isidoro Arzud Cruz resolvió este martes, por la tarde, otorgarle la libertad a dos colaboradoras directas de Milagro Sala que habían sido apresadas el pasado 23 de febrero, tras presentarse con sus abogados en una fiscalía para responder a la denuncia de cooperativistas que aseguraban que fueron amenazados por ambas mujeres: según la denuncia de los acusadores, ambas se presentaron en las instalaciones de una cooperativa de Alto Comedero, sustrajeron herramientas y los intimidaron.
El abogado de las imputadas, Fernando Barea, sostuvo que «en ningún momento previo a la detención se informó a Jaldin y a Guerrero respecto de su imputación». Y explicó que ante los delitos de violación de domicilio y amenaza que se les endilga «corresponde que se trabaje con el imputado en libertad».
«No existen suficientes pruebas para determinar los delitos de amenazas y mucho menos a la violación de domicilio, puesto que el lugar le pertenece a la organización Tupac Amaru y no a los denunciantes», argumentó el defensor de las laderas de Milagro Sala.
De todos modos, «Shakira» y «Pachula» debieron pagar una fianza (dos autos nuevos que les pertenecen) y tendrán que presentarse cada 15 días en el juzgado de instrucción que lleva la causa, para garantizar que se ajustarán a derecho mientras dure el proceso en su contra.
Estas mismas mujeres habían sido filmadas meses atrás cuando retiraban millones de pesos de un banco para la construcción de viviendas con fondos públicos. Esa documentación -según fuentes judiciales- fue incorporada a la causa principal que mantiene detenida a Milagro Sala.
En cuanto a la situación de la líder de la Tupac Amaru, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy recordaron que Sala sigue imputada por «amenazas», por un hecho ocurrido en una comisaría en 2014, y señalaron que esa causa es la que está más cerca de llegar a juicio oral y público.
Además Sala continúa acusada por «instigación a cometer delitos y tumulto», debido a que comandó una mega marcha que incluyó la instalación de un campamento de 40 días en la plaza Belgrano y que cortó el tránsito en todas las calles alrededor de la Casa de Gobierno.
También está implicada en otra causa por «fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión» y «encubrimiento agravado», que la mantiene presa.
Los fiscales afirmaron que tanto Sala como otros imputados «han ejecutado plenamente su derecho a defensa»: Liliana Fernández de Montiel, a cargo del caso por fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión, explicó que esa causa avanzó poco por «la cantidad de incidentes que planteó la defensa, vamos por el incidente 13 de nulidades de cese de detención».
Además recordó que hay denuncias tanto de la Fiscalía de Estado como de cooperativistas y que se comprobaron «14 convenios firmados entre el titular de la vocalía social del Instituto de la Vivienda de Jujuy (en referencia a Pablo Tolosa) en ausencia del presidente, en los cuales no se observaron ninguno de los pasos formales que debían realizarse para librarse los pagos».
«Antes del libramiento de los cheques debían tener la ubicación del lugar, del lote donde se iban a hacer, nada de eso figuraba en los convenios», aseguró la fiscal.
Fernández de Montiel señaló que «mediante coacción o amenaza» algunos dirigentes lograban que los cooperativistas endosen sus cheques y «los montos que se cobraban eran retenidos y la suma en efectivo era trasladada a calle Alvear (donde tiene su sede la Tupac Amaru) o al domicilio de Milagro Sala, en el barrio Cuyaya».
La fiscal advirtió que hay otras tres personas con orden de detención y que evalúa si llama a declarar «a funcionarios en calidad de imputados o de testigos», porque, dijo, «se ha comprobado que las obras no existen». «Estamos investigando qué responsabilidad tiene la Municipalidad de la capital; veré hacia qué funcionarios dirijo la investigación», completó.
