En plena escalada del conflicto en el bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Lilia Lemoine apuntó contra Lourdes Arrieta, diputada nacional cuya expulsión es inminente tras responsabilizar a Martín Menem por la polémica visita al ex represor Alfredo Astiz.
“Ella siempre dijo que no sabía nada de la reunión ni a dónde la estaban llevando. Pero yo estaba en ese grupo. Y si yo sabía, ella sabía”, aclaró la legisladora.
En la misma línea, dijo que Arrieta forma parte de una “opereta del kirchnerismo” y formalizó: “Le van a echar del bloque por lo menos. Pero yo estoy pidiendo que la expulsen de la cámara. Hizo una denuncia falsa contra otro diputado”.
La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a criticar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, acusó a la titular del Senado de tener “una agenda propia” y la instó a no opinar “en contra de las decisiones del Ejecutivo”.
En declaraciones a LN+, habló también de la “maldición de los vicepresidentes” y alertó: “Esto siempre termina mal”.
“Son diferencias que no deberían existir por parte de la vicepresidenta”, dijo y agregó: “No debería opinar en contra de las decisiones del Ejecutivo. Eso se habla puertas adentro”. Luego remarcó que Villarruel cuenta con una “agenda propia” y se refirió a la “maldición de los vicepresidentes”. “Esto siempre termina mal”, advirtió.
Luego de difundir chats reveladores sobre la visita de diputados libertarios a genocidas, la legisladora nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, quien fuera parte de la comitiva que se presentó en Ezeiza, continuó con su arremetida contra sus colegas y divulgó una serie de proyectos de ley y un decreto presidencial con los que pretendían lograr la libertad de los represores.
«Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas». Acto seguido, la libertaria dio a conocer los proyectos de ley y un decreto que, eventualmente, intentarían que el presidente Javier Milei firme.
Uno de los documentos filtrados por Arrieta esta noche es un decreto que, como tal, eventualmente debería llevar la firma del Presidente, que tiene por objetivo promover la libertad de aquellos genocidas que se encuentren detenidos habiéndose superado un plazo de 25 años desde la comisión del delito.
Vencido el plazo dispuesto en el decreto, proponen que opere «la extinción por insubsistencia de la acción conforme la garantía establecida por el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado a nuestro sistema legal por ley 23.313». El término deberá ser contado «desde la fecha de comisión del delito».
Al ser redactado con el fin de liberar a represores de la dictadura, una oración del artículo generó sorpresa debido a que hace mención al caso de que se vea afectada la democracia. Es que el texto propone que el cómputo de los 25 años «se verá interrumpido en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes».
Por otro lado, el proyecto de ley denominado «Plazo Razonable» también argumenta en el mismo sentido que el decreto respecto al tiempo máximo de un proceso penal. Sin embargo, el plazo propuesto es de 20 años, en lugar de 25.
El texto señala que «en base a pautas que surgen de la jurisprudencia de la CSJN y la CIDH, entendemos que el lapso de veinte años». Además, indican que el tiempo comienza a correr desde el momento en que la autoridad ha tomado conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Pasado ese tiempo, el Estado se vería obligado a finalizar con «la persecución penal».
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