Cinco organizaciones ambientales de Bolivia expresaron su preocupación por los acuerdos firmados entre el Gobierno de Luis Arce y empresas de China y Rusia para la explotación de litio en el país sudamericano, que contiene una de las mayores reservas de litio en el mundo. Para ejecutar los proyectos, los contratos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional donde se encuentran en tratamiento.
2. Las empresas contratadas no han demostrado tener experiencia industrial en el desarrollo de las tecnologías de Extracción Directa de Litio.
3. Los riesgos financieros van por cuenta del Estado boliviano, y no de los socios estratégicos, porque YLB se compromete a devolver a las empresas extranjeras sus inversiones, costos recuperables y remuneraciones mediante la producción de carbonato de litio y sin certeza de sus capacidades de control, seguimiento y fiscalización.
4. Existe una incongruencia en los costos de inversión. La planta de Uranium One (la empresa rusa con la que se firmó uno de los contratos) presenta una inversión por tonelada de carbonato de litio 2,4 veces más alta que la del contrato con la empresa china, sin que se ofrezca una explicación clara.
5. Las proyecciones financieras de YLB parecen estar sobredimensionadas, con expectativas de precios del carbonato de litio que no se ajustan a los precios actuales ni a las previsiones razonables a futuro, lo que genera dudas sobre la rentabilidad del proyecto para el Estado Boliviano.
6. Los costos finales de producción del litio son elevados y poco claros.
7. Las cláusulas técnicas y financieras de los contratos favorecen a las empresas Uranium One y CBC, minimizando sus riesgos y maximizando sus ganancias, incluso a costa de la rentabilidad que le correspondería a YLB.
8. Los contratos no incluyen de manera adecuada aspectos ambientales cruciales, como el origen y sostenibilidad de la provisión de agua dulce, la energía utilizada, el manejo de desechos químicos e industriales y la potencial reinyección de salmuera residual dentro del salar.
9. Los contratos y sus anexos no contemplan la realización de procesos de consulta para obtener el Consentimiento Previo, Libre e Informado (CPLI) de los pueblos indígenas, lo que corresponde por ley.
10. El contrato con CBC impone penalidades elevadas para YLB, en caso de no poder cumplir con la provisión suficiente de salmuera residual.
11. Las condiciones de transferencia de tecnología difieren en ambos contratos, pero en ambos casos resultan desfavorables para el país.
12. Los contratos no mencionan el destino de los subproductos generados en las plantas, como potasio, boro, magnesio, sodio y otros, los cuales tienen un valor considerable en el mercado.
13. Los contratos imponen restricciones que dificultan un futuro incremento de las regalías mineras (3%) para el departamento de Potosí y los municipios productores.
El Gobierno no ha hecho referencia explícita a este manifiesto ni a sus puntos en detalle. Sin embargo, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, en una rueda de prensa defendió el proyecto y lamentó que las críticas se basen en cuestiones políticas y no técnicas.
“No tienen fundamento técnico y simplemente quieren causar zozobra en las decisiones para la aprobación (de los contratos)”, manifestó previo a realizar una explicación ante los diputados de la Comisión de Economía Plural y recalcó que los contratos benefician a Bolivia con el 51% de las ganancias.
Fuente Infobae
