Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín firmó una condena de extraordinaria severidad: quince años para Fernando Pablo Escobar, de 47 años, empleado según él mismo, hoy preso en un penal federal, otros cinco para su socia Araceli Di Salvo, dos años mayor, ambos oriundos de la zona oeste.
Los delitos: trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber mediado engaño, violencia, amenazas, abuso de autoridad y de situación de vulnerabilidad, por ser las víctimas más de tres, por haber logrado consumar la explotación y por ser menores de edad algunas de ellas, según información del expediente al que accedió Infobae. Escobar se lleva la peor parte: fue considerado reincidente y su nueva pena se unificó a una anterior con un expediente que data de 2002, para 30 años de encierro en total.
El caso en contra de ambos comenzó en abril de 2017, investigado por el fiscal Santiago Marquevich, titular de la Fiscalía Federal N°1 de Morón. Según la imputación en su contra que consta en la elevación a juicio, Pablo Escobar fue acusado de ser un proxeneta de nenas, de haber captado al menos nueve chicas para forzarlas al trabajo sexual, con otras cinco sospechadas durante la investigación.
De esas nueve confirmadas, seis eran menores al momento de los hechos, tenían entre 14 y 16 años. Los abusos a estas menores, sospechados desde 2016, eran cometidos en varios lugares: el departamento que Escobar alquilaba en la calle Mbcuruyá, su domicilio fiscal, en varios hoteles alojamiento y principalmente en una quinta de la calle Miguel Cané en Villa Luzuriaga.
La quinta, llamada Mimará, alquilada para eventos de egresados, casamientos y cumpleaños de 15, con tres piletas, habitaciones con camas y vestuarios, es, según descubrió la Justicia, propiedad de la Federación de Trabajadores Jaboneros y Afines de la República Argentina.
Según la elevación a juicio firmada por Marquevich, la pareja administraba la quinta. Sus tácticas eran netamente sucias. Captaban a sus víctimas “mediante ofrecimientos laborales engañosos efectuados por Facebook, WhatsApp o coacciones a víctimas que ya se encontraban en situación de explotación para que reclutaran a amigas, así como también mediante la recepción de pseudo entrevistas cuyo único fin era obtener datos de índole personal, familiar y/o íntimo que posteriormente eran utilizados para colocar a las víctimas en situación de inferioridad”, según el expediente.
El sindicato, que nunca puso en duda la propiedad de Mimará, sobrevuela el expediente. Según fuentes de la causa, hoy intenta recuperar la quinta, que fue allanada en 2018 por la división Trata de Personas de la Policía Federal y quedó embargada con una medida cautelar. Otros miembros de la Federación fueron imputados, sin embargo, la Cámara de San Martín les dictó la falta de mérito. La sede de la zona oeste del sindicato fue allanada en busca de documentación de la quinta.
