El 5 de abril de 1992 el gobierno de Alberto Fujimori, en Perú, disolvió el parlamento con el respaldo de las Fuerzas Armadas y desencadenó un golpe de Estado que lo mantuvo en el poder hasta el año 2000, el antecedente más reciente en la región del avance de los poderes Ejecutivo y Judicial sobre el legislativo como ocurre en Venezuela tras la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de asumir las competencias del parlamento, que la desconoce y tiene mayoría opositora.
Es el segundo intento del chavismo por concretar un golpe de Estado en 2017. el primero fue la decisión de la Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, de asumir las competencias de la Asamblea Nacional en marzo.
Fujimori había llegado democráticamente a la presidencia del Perú en 1990, cuando obtuvo un triunfo contundente sobre el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, pero no logró constituir una mayoría fuerte en el Parlamento.
Enfrentado a la guerrilla de Sendero Luminoso, pidió poderes especiales al Congreso, pero el poder legislativo se los negó y la Cámara de Senadores incluso comenzó a investigar sus presuntas violaciones de derechos humanos.
Citando la «actitud irresponsable y negativa de los parlamentarios que pretenden maniatar al jefe de Estado», según consigna El Mundo, Fujimori disolvió el Congreso de la República, apoyado tanto por las Fuerzas Armadas como por su popularidad frente a los peruanos.
«Tal es el caso de la promulgación de la Ley N° 25397, denominada Ley de Control Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República que pretende maniatar a éste, recortándole atribuciones elementales para gobernar», dijo el mandatario en el discurso en el que justificó su medida.
En el «Fujimorazo» no sólo se disolvió el Parlamento, sino que también se intervino la justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General y el Tribunal de Garantías Constitucionales, según recuerda El Comercio. También se ejerció una fuerte presión sobre los medios comunicación.
El presidente lideró entonces el autodenominado «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional» bajo el silencio de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que no se pronunció ni movilizó para activar la Carta Democrática.
El Congreso continuó reuniéndose en secreto hasta que en 1993 fue reformado en una sola cámara y en el marco de la nueva Constitución impulsada por Fujimori.
El golpe de Bordaberry
Más extremo, en 1973 el entonces presidente constitucional de Uruguay, Juan María Bordaberry, dio un golpe Estado con apoyo del Ejército y disolvió también el Parlamento mediante el decreto N° 464/973.
«La acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal», justificó en ese momento antes de reemplazar el Congreso con un Consejo de Estado designado por él mismo.
Pero no se quedó allí: suprimió las libertades civiles, desbandó las organizaciones sociales y disolvió a los partidos políticos, «sin cabida en el Uruguay del futuro», según un comunicado de las Fuerzas Armadas sobre el mandatario.
Para 1976 los militares que lo habían apoyado y que habían ocupado diversas áreas del gobierno consideraron que su planteo era impracticable y decidieron destituirlo, poniendo fin a su gobierno de tres años, según destaca El País.
