El gobierno busca ponerle un freno a los teléfonos móviles que ingresan al país y no son declarados ante AFIP.
Según un estudio de la consultora Carrier y Asociados, en los últimos tres años prácticamente se duplicaron las compras de celulares ingresados al país de forma ilegal, pasando de 1,5 millones de unidades informales en 2014 a 2,8 millones estimadas en 2017.
Esa situación no sólo perjudica a la recaudación del Gobierno, que se pierde de cobrar los impuestos aduaneros, sino también a la industria de tecnología de Tiera del Fuego, que pierde en costos y precios frente a sus competidores de Chile, Estados Unidos y Paraguay, entre otros países.
Por este motivo, el Gobierno Nacional decidió tomar cartas en el asunto. Según confirmaron fuentes del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el Estado creará una base de datos con los códigos IMEI (el número de identificación de cada equipo) de los celulares que han sido debidamente declarados, ya sea en su paso por la Aduana o luego de su fabricación en el país. Los IMEI que no estén incluidos en ese listado, serán completamente bloqueados y no podrán ser utilizados dentro del territorio argentino.
Aunque aún no se conocen los detalles, las restricciones comenzarían a regir a partir de 2018. En principio, los celulares ingresados de forma ilegal antes de dicha normativa podrán seguir funcionando, pero aún no fue oficialmente confirmado.
