El plan de reforma y reorganización del Sistema de Defensa Nacional que impulsa el Ejecutivo, y que se hará efectivo a través de dos decretos que se publicarán mañana en el Boletín Oficial, incluye entre otros puntos un despliegue de uniformados que sirvan para custodiar «objetivos estratégicos» y apoyar logísticamente a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Los principales aspectos de la reforma:
* «Tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Seguridad deben participar de la custodia y protección de objetivos estratégicos, por lo que resulta necesario que el Poder Ejecutivo proceda a la identificación de dichos objetivos y la asignación de responsabilidades de custodia».
En este punto, el propio presidente Mauricio Macri reconoció que las FFAA colaborarán en cuestiones de seguridad interior, «brindando apoyo logístico en zonas de frontera» y con la custodia y protección «de objetivos estratégicos», esos lugares de interés para la defensa nacional y que podrían incluir activos valiosos para el desarrollo como, por ejemplo, reservas de recursos naturales (por ejemplo, Vaca Muerta, o el yacimiento petrolífero Cerro Dragón, escenario de una cruenta protesta gremial en 2012 que le significó al país la pérdida de 50 millones de pesos).
* «Es responsabilidad política establecer los parámetros y criterios a tener en cuenta para la misión, organización y funcionamiento del Sistema de Defensa en general, y en particular de las Fuerzas Armadas, para que se constituyan en un instrumento de disuasión real, de acuerdo con la percepción de amenaza a los intereses de la nación y sus correspondiente riesgos presentes y futuro».
En el borrador del decreto que firmará Macri, se sostiene que «las Fuerzas Armadas serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial «. Así, se deroga el decreto 727/2006, impulsado por la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, que establecía que los militares únicamente podían actuar ante un ataque de un Estado externo.
Con esta modificación, los ataques externos a un país pueden venir de grupos que no necesariamente son Estados y pueden constituir grupos terroristas o narcotraficantes. En este tramo del texto se deja en claro que «el cumplimiento de esta misión primaria no afecta la Ley de Seguridad Interior», aunque se destaca que «no resulta adecuado restringir las potencialidades para la defensa nacional».
* El nuevo decreto, además, incorpora una nueva doctrina mundial que se impone ante ataques terroristas. Así, limita el accionar de los militares a «Operaciones en Defensa de los intereses vitales de la Nación; Operaciones en el Marco de la ONU u otros organismos internacionales; Operaciones encuadradas en la Ley N° 24.059 y Operaciones en Apoyo a la Comunidad Nacional e Internacional».
* Por otro lado, se deja en claro en el borrador decreto que las FFAA no estarán por encima de las fuerzas de seguridad para evitar todo tipo de objeciones. Así, se señala que «se considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad».
* La instrumentación de esta reforma se dará por medio de una modernización de las FFAA y una readecuación de estas para «alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición, como así también aquellas funciones y responsabilidades asignadas por la normativa vigente, a los efectos de garantizar su eficaz empleo en el marco del planeamiento militar».
Esta parte del decreto es amplia y en su reglamentación -según el borrador que se estudia en el Ejecutivo- se incluirá toda la reforma que prevé el ministro de Defensa, Oscar Aguad, para crear una fuerza de despliegue rápido de 10.000 efectivos que se trasladarán a las fronteras para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad.
