En una jornada de intensas y variadas reuniones y cruces de llamadas entre legisladores de diferentes bloques y organizaciones de derechos humanos, en el Congreso se intenta definir el tratamiento que se le dará al tema.
La ofensiva del área de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que instó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a tener en cuenta «los estándares internacionales de derechos humanos» y a cumplir «los compromisos asumidos a nivel internacional», en relación al beneficio del 2 x 1 para un represor, también pesa en la toma de decisiones de los legisladores.
Desde el Congreso analizan varias posibilidades para intentar resolver el tema, fundamentalmente porque entienden que no se respetó «el espíritu» de la ley que ellos mismos elaboraron y por la cual se dispuso el beneficio del 2×1.
Como primer paso, varios bloques opositores buscarán introducir en la sesión prevista para mañana a las 14,30 un repudio institucional de la Cámara baja al fallo de la Corte; metodología que por «responsabilidad de gobierno» los diputados del oficialismo aún dudan en acompañar.
Por si el tema no puede ser incluido en ese ámbito de debate, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos y nieta recuperada, Victoria Donda (Libres del Sur), ya lo agregó al temario de ese grupo de trabajo, que tiene previsto reunirse desde las 18, una vez que haya concluido la sesión en el recinto.
La propia Donda presentó hoy un proyecto de ley que busca excluir a los imputados, procesados y condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad y/o genocidio, de los alcances de cualquier ley que determine amnistía, indulto y/o prescripción de dichos delitos.
Asimismo y tal como lo contempla la iniciativa, dichos genocidas tampoco podrán ser beneficiados con la disminución o reducción del monto de sus penas, en ninguna de sus formas, según se señaló en un comunicado oficial; en clara alusión al 2×1 que autorizó aplicar la Corte Suprema en una condena por delitos de lesa humanidad.
En el mismo sentido, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), aseguró que su bloque elaborará un proyecto para que el beneficio del 2×1 «solamente se aplique a quienes estuvieron presos durante el período de vigencia de la ley», que fue desde 1994 hasta 2001.
«Vamos a hacer un proyecto para que el beneficio del 2×1 se aplique solamente a quienes estuvieron presos durante el período de vigencia de la ley (1994-2001), en general, para cualquier delito, con énfasis en lo que acaba de pasar en delitos de lesa humanidad», dijo Pinedo, quien trabaja en la iniciativa junto al diputado macrista Pablo Tonelli.
En sintonía, con esos dos proyectos, la diputada Alicia Ciciliani (Socialista), presentó otro por el cual establece que los delitos de lesa humanidad no puedan ser susceptibles de amnistía, indulto, prescripción o cosa juzgada, y que las condenas no puedan ser sujetas a reducción o conmutación «bajo ningún concepto».
Desde el Frente Renovador, junto a Margarita Stolbizer (GEN), anticiparon que elevarán el reclamo contra el fallo de la Corte Suprema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; para lo cual convocaron a un grupo de juristas con el objetivo de que estudien y preparen la presentación.
«Ademas, el Frente Renovador va a pedir el juicio político de todos aquellos jueces y camaristas que cambien las sentencias anteriores aplicando el 2×1 sin respetar los fallos precedentes», señalaron a Télam voceros del massismo.
Con ésta última alternativa coinciden el bloque del Frente para la Victoria y los partidos de Izquierda, que pedirán el Juicio Político contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco.
Además, en la bancada liderada por el kirchnerismo también trabajan en la elaboración de un proyecto que busca acotar los beneficios para los represores en el cumplimiento de condenas.
Al justificar el proyecto de la Izquierda, Néstor Pitrola (Partido Obrero), expresó: «Presentamos el pedido de juicio político por considerarlos responsables de un fallo antijurídico ante delitos de lesa humanidad de carácter permanente e imprescriptibles. Se trata de una amnistía a la dictadura, más amplia aún que el indulto del ex presidente (Carlos) Menem a las Juntas Militares».
Fuente: Telam
