Los legisladores de la Coalición Cívica y Elisa Carrió, fundadora de esa fuerza política, impulsarán un juicio político a la vicepresidenta Cristina Kirchner por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
“Durante este, año el bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó en distintas instancias de la Organización de los Estados Americanos y ante la Justicia argentina, una serie de hechos que dan cuenta del avasallamiento a las instituciones argentinas por parte de Cristina Kirchner. Sus ataques contra orden institucional y el sistema democrático están previstos en el artículo 36 de la Constitución Nacional”, afirmaron en un comunicado.
La iniciativa nació como consecuencia de la última carta que publicó la Vicepresidenta en la que cuestionó en duros términos a la Corte Suprema. ”La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare”, sostuvo en el texto publicado la semana pasada y difundido a través de sus redes sociales.
“En su última carta, la vicepresidente de la Nación y Presidenta del Senado acusó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dirigir ´el proceso de lawfare´ y al Poder Judicial de ser ´ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno´”, expresaron desde la Coalición Cívica para recordar el tema.
Elisa Carrió junto a los legisladores de su fuerza políticaEn el comunicado indicaron también que “las críticas habituales de la Vicepresidenta a la Justicia se convirtieron en un ataque directo contra las reglas de convivencia democrática y un atentado contra el orden institucional”, además de destacar que “configuran el mal desempeño de la Vicepresidente, que preside el cuerpo a cargo de enjuiciar constitucionalmente a los jueces de la Corte”.
“Cristina Kirchner, en definitiva, está diciendo ´como no me gustan algunos jueces´, e incluso más, ´como no me gusta el sistema que la Constitución Nacional garantiza, entonces, no debemos respetarlo´, pero como no lo quiere respetar será enjuiciada políticamente”, precisaron desde la fuerza que conduce Elisa Carrió.
Los legisladores consideraron que “el problema no es sólo lo que dice, sino quién lo dice: es la Presidente del Senado de la Nación que, a está altura, está incursa en delitos constitucionales, como el atentando al orden democrático”.
“No nos llama la atención el ataque a la Corte, la afectación de la división de poderes, pilar esencial sobre el que se construye el sistema republicano de gobierno consagrado en la Constitución Nacional, tiene que ver con que la Corte Suprema debe intervenir en distintos recursos, en causas en que se investigan hechos de corrupción cometidos por la propia Cristina Fernández de Kirchner”, explicaron.
En otro tramo del comunicado indicaron que “la Vicepresidente pretende jueces elegidos popularmente, que tengan duración limitada en su cargo y que adopten decisiones con las que ella esté de acuerdo”. En esa línea, agregaron: “Sin división de poderes, sin sistema republicano, pretende crear un sistema de persecución de quienes no piensan como ella. La arbitrariedad fundada en votos: para combatir el supuesto lawfare”.
“Las presiones directas e indebidas a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo están vedadas por la Constitución Nacional y normas internacionales, sino que además adquieren mayor gravedad teniendo en cuenta que la Vicepresidente de la Nación sería la presidenta del Senado en caso de enjuiciar políticamente a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia”, detallaron.
Por último, indicaron que “ante la gravedad de los hechos descriptos, a instancias de Elisa Carrió y con su asesoramiento, el bloque de diputados de la Coalición Cívica presentará esta semana un pedido de juicio político contra la vicepresidenta de la Nación, por interferir en el normal desarrollo de las funciones de otro poder del Estado, atentando contra el orden institucional y el sistema democrático”.
