La incorporación del sindicato de Camioneros al control de precios en supermercados generó un fuerte malestar en el sector empresarial. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la COPAL (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios), Daniel Funes de Rioja, dijo que “el control es una función indelegable del Estado”.
La medida fue defendida por el Gobierno a través del secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, que dijo en Twitter que “si está bien que las empresas acudan al Estado cuando tienen problemas, también es correcto que lo hagan los sindicatos”. Dijo además que “la facultad de control del Estado es indelegable” y que “los acuerdos de precios ponen a empresarios, trabajadores y al Estado en la misma mesa, compartiendo información con un solo objetivo: cumplirlos para seguir bajando la inflación”.
Funes de Rioja dijo que “COPAL respeta el Estado de derecho”: “Ni nosotros podemos arrogarnos la función de controlar, ni puede incluirse a terceros con intereses particulares”, en declaraciones a Clarín.
El dirigente empresarial planteó: “Si hablamos de un Estado presente, es necesario que el Estado controle, tercerizar esa función genera una mayor incertidumbre ante una posible colisión de intereses”, en relación a la intervención de Camioneros, que nuclea a los choferes que transportan la mercadería, entre otras ramas.
Camioneros anunció a través de Instagram su irrupción en los controles de precios a supermercados, y el secretario adjunto del gremio y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, planteó: “No sancionamos supermercados, solo colaboramos para que no haya especulación. Denunciamos que se están encanutando productos y eso queremos evitar”.
Moyano dijo que “de diez camiones solo dos llegan a las góndolas”, que “es responsabilidad de los Camioneros que no haya desabastecimiento (en supermercados)” y que esa es la forma que tienen de “denunciar a los especuladores”.
Desde el gremio de Camioneros plantearon en un comunicado que ”la implementación de ‘Precios Justos’ que dispuso el Gobierno permite que todos los argentinos accedan a una canasta de 1900 productos a valores congelados y a otros casi 20 mil artículos de primera necesidad, que son vendidos en las grandes cadenas de supermercados en todo el país”.
Anunciaron que realizan “un trabajo conjunto” de controles con el Gobierno en centros de distribución de cadenas de supermercados “para garantizar la aplicación del programa y cuidar el poder adquisitivo de todos los argentinos”. Además de representantes del gremio participan de los controles fiscalizadores de la Secretaría de Comercio de la Nación y funcionarios.
Fuente: tn
