Con presupuestos específicos, proyectos de ley y programas para la prevención y atención de casos de violencia de género, los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de las provincias anunciaron medidas y políticas estatales vinculadas a la problemática.
Además, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires firmaron el lunes 8 de marzo con el presidente Alberto Fernández el Acuerdo Federal para una Argentina Unida Contra la Violencia de Género que las compromete a desarrollar «políticas públicas integrales» para prevenir y combatir las violencias, para lo cual decidieron fortalecer «las áreas de género encargadas de abordar esta problemática en cada territorio, dotándolas de recursos, herramientas y acompañamiento político que la sociedad espera».
En ese marco, integrarán un Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios, adhieren al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE), al Sistema Integrado de casos (SICVG), y acordaron promover que el Poder Judicial de cada provincia incorpore la perspectiva de género a su funcionamiento; fortalecer las áreas de género provinciales, garantizar que haya equipos interdisciplinarios en los establecimientos de salud y trabajar junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para articular recursos, políticas y acciones.
Además, en Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof presentó en el Día Internacional de la Mujer un paquete de políticas estatales para luchar contra la violencia de género: entre ellas, el Plan Integral para el Abordaje de Casos Críticos y de Alto Riesgo, firmó convenios para el plan Comunidades sin Violencia y creó la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial, que realizó el primer informe sobre la perspectiva y brechas de género en el mundo laboral de la provincia.
Kicilloff aseguró que «las bonaerenses no van a estar solas» ante «esta cuestión horrorosa» y remarcó su compromiso para «acompañar esta problemática y dar respuestas eficaces».
El mandatario explicó que busca «convertir a las políticas vinculadas a la igualdad en un tema central de gobierno, con una mirada transversal» que se implemente en cada ministerio y política pública del distrito.
La Unidad de Género y Economía, que dirige Laura Lombardía, trabajará en el diseño, promoción y realización de programas para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en todas las áreas y funciones del organismo.
Y el Informe de Brechas de Género de la Provincia busca poner de manifiesto las desigualdades estructurales que organizan el mundo del trabajo, haciendo foco en la división sexual del trabajo como categoría usualmente ignorada en los análisis económicos tradicionales, organizadora de un asimétrico reparto de tareas.
A nivel municipal, en la ciudad de Bahía Blanca el Laboratorio para la Participación Ciudadana y la Innovación Democrática (LAB) de la comuna actualizó el portal con datos abiertos sobre Políticas de Género donde habrá información sobre denuncias de violencia de género, de violaciones y abusos sexuales, mientras siguen en funcionamiento los centros de atención de la Mujer y la Familia, en los que se puede obtener información y asesoramiento sobre derechos y herramientas para hacer frente a situaciones de violencia, entre otros.
En Córdoba, por otra parte, el gobernador Juan Schiaretti firmó el 8 de marzo un proyecto de ley, que envió a la Legislatura unicameral, para crear el Fuero Penal en Violencia de Género, que contempla alcanzar 12 fiscalías, dos asesorías letradas de víctimas y dos juzgados, en todos los casos con competencia para atender esa problemática.
Schiaretti consideró a la violencia de género como «un fenómeno que es un verdadero flagelo social» y afirmó que esa problemática «tiene que ser encarado por el Estado», para lo cual dijo que su Gobierno decidió incrementar a 600 millones de pesos el presupuesto para ayudar a las víctimas.
En la provincia de Río Negro, el oficialismo de Juntos Somos Río Negro propuso un proyecto de ley que propone modificar el Código Procesal Penal de la provincia para que fiscales, querellantes o víctimas de violencia de género puedan solicitar la prisión preventiva para los denunciados que violen una medida cautelar en su contra.
«Los femicidios se inician como amenazas o lesiones leves, delitos que tienen como pena máxima 3 años de prisión, por lo cual no se autoriza el pedido de prisión preventiva», explicó el diputado Pica, autor de la iniciativa, y señaló que su «proyecto se basa en el sentido común para cambiar una realidad que nos explota en la cara, hay que dar una muestra de carácter y los violentos tienen que transitar presos hasta que se resuelva su situación».
Y en Jujuy, el Consejo Provincial de la Mujer presentó en el marco del 8M un manual de procedimientos para la atención y protección de derechos de mujeres y diversidades, elaborado en un trabajo conjunto con la Iniciativa Spotlight (ONU-UE), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y organizaciones de la sociedad civil.
En materia de prevención, firmó también un convenio con una empresa de transporte público de la capital jujeña para la formación en perspectiva de género de sus choferes y la difusión, a través de carteles pegados en sus colectivos, de un 0800 que tiene habilitado la provincia para denunciar casos de violencia por razones de género.
En Tucumán, el gobernador Juan Manzur firmó en los últimos días con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, un acuerdo para crear un registro de denuncias por violencia de género y su protocolo de actuación policial.
Y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, convirtió a la Secretaría de la Mujer en Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad y creó la Dirección de Diversidad al sostener que el abordaje de la problemática de género, que incluye la violencia, debe tener una mirada integral e inclusiva.
El mandatario también envió a Diputados el proyecto de Ley de Inclusión Laboral para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, concretó la aplicación de la Ley Micaela en los tres poderes del Estado y en el sector privado, y creó el registro provincial de violencia hacia la mujer, donde se inscriben a todos los que ejercieron violencia y tienen condena judicial firme, entre otras medidas.
La provincia de Santiago del Estero, por su parte, incorporó a la curricula de todos los niveles educativos el abordaje integral de género, diversidad, promoción de los derechos y la problemática de adicciones, convirtiéndose en una de las primeras provincias en implementarlo a partir de este año.
Según el acuerdo firmado entre las ministras de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, y de Educación, Mariela Nassif, los lineamientos curriculares sobre prevención en esta temática se incorporan con el lema «Educando en valores, respeto y diversidad» como contenidos específicos y transversales.
Fuente: telam
