Marcha y recolección de firmas contra el Impuesto a las Ganancias. Elaboración de un proyecto que declare la emergencia ocupacional ante los despidos en los sectores público y privado. Adelantar para agosto un congreso normalizador que establezca la reunificación de la CGT. Tres de los numerosos objetivos que se ha fijado ayer el sindicalismo peronista con representantes de sus distintas tribus, para que el Gobierno vaya tomando nota sobre el alcance de lo que es launidad en la acción.
Estuvieron prácticamente todos los actores del colectivo sindical en el muy concurrido encuentro que se celebró en el gremio de los estatales de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), para dar un pasito más hacia la consagración de una central única, como propiciaba el General. Casi que no alcanzaron las sillas para sentar a los hombres de las actuales tres CGT (la de Hugo Moyano, la de Luis Barrionuevo y la de Antonio Caló), a los gremios del Transporte e incluso aquellas organizaciones que ahora buscan su nuevo lugar en el mundo después de haberle servido fielmente a Cristina.
Pero fue una de esas reuniones con demasiadas voces para establecer prioridades. El infrecuente clima de horizontalidad que por estos tiempos se respira entre los sindicalistas determinó que se metieran en una misma bolsa proyectos de ley, recriminaciones al gobierno de Mauricio Macri y hasta detalles del cronograma sobre cómo sigue la interna gremial.
Como sea, quedó claro que la principal preocupación compartida por la dirigencia remite directamente a la escalada inflacionaria que tiene en jaque a la economía argentina, en un contexto de tarifas recargadas y de sueldos depreciados para hacer frente a una canasta básica cada día más cara. Cuáles son las herramientas del Gobierno para tratar de detener la suba de los precios es el gran interrogante sobre el que ningún gremialista se animó a conjeturar.
Se concluyó sí que el Presidente debería implementar de inmediato una exigente campaña de seguimiento sobre los formadores de precios como paso número uno. «Lo que pasa es que este Gobierno tiene mano de seda con los empresarios», se quejó Barrionuevo, en un momento donde el intercambio de opiniones se acaloró.
El revés de Cambiemos en el Parlamento con el tema de Ganancias dio bríos al sindicalismo para decir que los legisladores de su palo van a ir en sociedad con los bloques, como el massismo, que promuevan una reforma integral de las escalas, más allá de propiciar un mínimo no imponible de 60 mil pesos (el doble de lo que anunció Macri), siempre y cuando el gravamen no incluya adicionales como horas extra o viáticos. Otros pidieron en cambio cortar por lo sano y que Ganancias sea derogada sin más, como Macri prometió en la campaña.
Moyano planteó adentro lo que ya había dicho afuera, ante los periodistas que lo abordaron al llegar a Moreno al 1300. «Yo le dije a Macri que éste no era un tema para que lo resolvieron los técnicos… No me hizo caso y miren cómo ahora va a tener que recapitular», señaló el camionero, que también se anotó como impulsor de una emergencia ocupacional -que debería decretar el Gobierno- que contemple los niveles de trabajo en negro o no registrado, del que se ignora su real número porque, como se sabe, en la Argentina no hay más estadísticas, parece.
Finalmente, se acordó una movilización al Congreso para «dentro de un mes», con el claro propósito de meter presión. «Nada de paros por ahora. Vamos a dar la batalla en el Parlamento», precisó Moyano, mientras algunos dirigentes del transporte daban cuenta de lo buena que resultó una entrevista que mantuvieron esta semana con el senador peronista Miguel Angel Pichetto para forzar al Gobierno a dar el debate sobre Ganancias que ansiaba postergar para 2017.
Sobre las características que tendrá la próxima CGT de la unidad, no se habló. Demasiado pronto para temas espinosos como arriesgar candidatos potenciales o una posible conducción colegiada. En cualquier caso, el marítimo Juan Carlos Schmid, hombre de Moyano, admitió que no le quitaría el cuerpo a la posibilidad de encabezar la central «si mis compañeros me lo piden».
Caló, en tanto, plantó su enojo frente a las importaciones que «están arruinando al sector metalmecánico». También hubo consenso para reclamarle a la administración Macri que explore caminos que permitan un acceso escalonado jubilatorio al 82 por ciento móvil.
Respecto de las paritarias, no hubo bajada de línea. Es tradición que cada gremio firme por lo que crea más conveniente y por el plazo que le parezca. Así como muchas organizaciones se preparan para discutir por un puñado de meses y ver cómo evoluciona la inflación, están aquellas que se niegan a negociar en forma desdoblada, como los bancarios de Sergio Palazzo, que quiere sí o sí un acuerdo con la banca por un año.
Las declaraciones condenatorias sobre los despidos en la administración pública también tuvieron un lugar destacado en los contactos de la dirigencia con la prensa. Todos tuvieron algo que decir sobre el asunto, menos el dueño de casa, Andrés Rodríguez, jefe de UPCN, en teoría la organización que más tendría para patalear. Pero no vienen mayores reclamos de ese lado porque, puertas para adentro, reconocen el desmesurado nivel de empleo público que prohijó el kirchnerismo en su último año de estancia en el poder.
Según la información que maneja el Gobierno, y que UPCN convalida, la administración K incorporó durante el segundo semestre del año pasado a unos 15 mil agentes, que vinieron a sumarse a los 47 mil que había en junio de 2015.
Frente a estos números inquietantes, el gremio estatal, que calcula en 3 mil los despidos que lleva ejecutados el macrismo (sin contar los del Senado), considera que la sangría es un punto moderada. Y lo sería aún más, siempre de acuerdo con esa visión, si Gabriela Michetti vuelve sobre sus pasos y revisa entre «700 u 800 casos» de las 2 mil cesantías que ordenó en la Cámara alta, tal como habría prometido hacer a dirigentes de UPCN y de la Asociación del Personal Legislativo (APL).
«El ajuste se hizo en forma desprolija, con exabruptos en algunos casos, desconociendo situaciones puntuales, como en Cultura… Pero lo de Cristina fue un despropósito que no iba a pasar de largo», admitieron a Infobae voceros de UPCN, que eligieron el silencio prudente a la confrontación, en vista de que las protestas de ATE, el otro gremio estatal, más combativo, «no logran mover el amperímetro» entre los trabajadores de la administración pública que, por su antigüedad, no ven peligrar sus puestos de trabajo.
El Gobierno tiene plazo hasta fin de mes para analizar y revisar el personal del Estado. Si para entonces, el número de despedidos se consolida en menos de 5 mil, UPCN no va a presentar mayores objeciones.
