Sólo basta recorrer el espinel de los movimientos sociales que pueblan la Argentina para comprender que tanto los más alineados con la Casa Rosada -nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)- como los menos dialoguistas prometen un 2022 cargado de reclamos al gobierno de Alberto Fernández.
Las negociaciones del Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, generan mucha desconfianza por el impacto que podría llegar a tener un acuerdo con promesas de recortes y equilibrio fiscal.
Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, en diálogo con Infobae, descartó de plano una hipotética reducción en las partidas presupuestarias destinadas a los sectores más vulnerables.
El jueves pasado, muy temprano, a las 7 de la mañana, se reunió en el despacho de Juan Luis Manzur, el jefe de Gabinete. Allí trazó sus objetivos para el año que comienza. Si la pandemia no obliga al Gobierno a decretar indeseables restricciones, el objetivo central de su cartera será articular planes sociales, como el Potenciar Trabajo, con empleo genuino.
Trabajo es la palabra que une a los movimientos sociales afines y a los rebeldes. Aunque con diferencias.
Eduardo Belliboni, cabeza visible del Polo Obrero, avizora un “año más movido que este 2021″. Es decir, con más piquetes, más movilizaciones, más cortes de calles y hasta posibles acampes sobre la avenida 9 de Julio, frente al histórico edificio donde funcionan dos ministerios, el de Desarrollo Social y el de Salud.
“Nuestro principal objetivo, que es el mismo que tenemos desde hace muchísimos años como organización de desocupados, es el del lograr trabajo genuino; algo que vemos cada vez más lejos a partir de la ausencia de planes de trabajo, de proyectos productivos por parte del Gobierno, como el desarrollo de la obras pública que puede dar mucho empleo”, analiza el dirigente social.
Los movimientos populares vinculados a los partidos políticos de izquierda se diferencian con la mayoría de sus pares enrolados en la UTEP en cuanto a cómo canalizar esos hipotéticos puestos laborales.
Mientras que las organizaciones de la UTEP bregan por motorizar el trabajo a través de cooperativas o emprendimientos comunitarios, los piqueteros reniegan de esas construcciones colectivas. Aseveran que solo sirven para precarizar aún más a los obreros que suelen no contar con derechos básicos como obra social y vacaciones pagas.
Belliboni lo explica así: “Nosotros no creemos que el trabajo tiene que venir de los microemprendimientos o las cooperativas. Tiene que haber un plan de desarrollo nacional económico sustentable para que el trabajo sea efectivamente una realidad”.
Con el Polo Obrero a la cabeza, el Frente Piquetero protagonizó durante este año al menos tres marchas multitudinarias en reclamo de trabajo genuino, la universalización de los planes sociales y más alimentos para los comedores populares; también reclamaron que se regularice la entrega de bolsones con comida.
Todas culminaron frente al Ministerio de Desarrollo Social. Las movilizaciones, el caos de tránsito, y los piquetes apuraron reuniones entre los dirigentes que tomaron las calles.
Se formó una mesa interministerial. Se avanzó en la discusión de algunos temas. Pero el diálogo terminó empantanado: la exigencia de la creación de un millón de puestos de trabajo genuino a través de la obra pública fue un muro.
Los funcionarios, a cargo de Zabaleta, les recordaron a los dirigentes piqueteros que las cooperativas de trabajo se podían anotar para las obras de urbanización de los barrios populares censados a través del REBABAP y que ya se están ejecutando.
De hecho, cooperativas que dependen del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, fueron adjudicadas para estas tareas.
El beneficio está lejos de ser una excepción. La ley establece que las obras a realizarse en los Barrios Populares deberán adjudicarse, “en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios”.
La inmensa mayoría de las organizaciones que conforman el frente piquetero queda fuera por lo que se explicó antes. No están de acuerdo en este tipo de contrataciones y metodología de trabajo y construcción comunitaria.
“Los objetivos más mediatos, más urgentes para el año 2022 son la creación de un seguro para los desocupados mientras no haya trabajo; no un plan social con contraprestación. Nosotros rechazamos ese concepto; y si en todo caso lo hay, tiene que ser universal para todos los que lo necesitan, al estilo de lo que fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”, anuncia Belliboni. Y recalca: “Estamos en una emergencia y vamos a continuar en una emergencia aún peor a partir de lo que es el acuerdo en ciernes entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno que va a significar un nuevo retroceso histórico en las condiciones de vida de millones de personas”.
Por este último tema, la Unidad Piquetera asegura “estar alerta” y programando, para realizar a principios de enero, “un plenario nacional de organizaciones piqueteras para fijar una agenda de lucha para el año que se viene”.
Belliboni recuerda que sobre fin de 2021 “hicimos varias movilizaciones, terminamos el 20 de diciembre movilizados en la Plaza de Mayo, y antes lo hicimos con el Frente de Izquierda, y antes con la Unidad Piquetera”.
El militante social reconoce que fue un “diciembre muy movido” y cree que “el 2022 será un año más movido por todas estas características”.
Para la Unidad Piquetera, el año que comienza, “habrá que unir más que nunca a los trabajadores ocupados y desocupados para luchar por nuestras reivindicaciones”.
Ante este panorama, las calles volverán a ser protagonistas.
