«El que las hace las pagará». La frase pronunciada ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no es un cliché estudiado. Más bien se ajusta perfectamente a la resolución interna que acaba de firmar por la cual resolvió que todos los gastos que se realicen para la investigación de delitos federales sean costeados por los mismos delincuentes: es decir, los narcotraficantes, falsificadores, tratantes de personas o contrabandistas.
Por medio de la resolución 2018-49 APN, el Ministerio de Seguridad instruyó a la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura a informar a los jueces competentes de cada investigación sobre todos los gastos incurridos en la realización de tareas encomendadas para resolver un caso. De esta manera, los magistrados deberán cargar a la cuenta de los narcos o de otros delincuentes de casos federales los costos de pericias, traslados, narcotest, tareas de intervención telefónica o pericias contables, entre otras medidas, que se realicen para una investigación.
«Es el momento para que el Estado destine los fondos en seguridad para prevención y no para sustentar los costos de una investigación», dijo Bullrich a Infobae. De esta manera, la resolución del Ministerio de Seguridad obligará a las fuerzas a que realicen las readecuaciones administrativas en cada área con el objeto de que el juez pueda determinar en el fallo final el monto de los costos de una investigación. Para poner en marcha este mecanismo el Ministerio de Seguridad no esperará a que haya un fallo definitivo sino que presentará medidas cautelares intermedias para hacer que a los narcos o traficantes de personas, por ejemplo, se les incauten los bienes en medio del proceso de investigación.
La medida resulta ser toda una novedad en materia judicial y fue diseñada por el Director Nacional de Enlaces con los Poderes Judiciales y Seguridad, Diego Nazareno, aunque se desprende del artículo 531 del Código Procesal Penal que desde 1991 refería este tema de las costas para los delincuentes. Sucede que hasta ahora nunca había sido aplicado este artículo y el Estado seguía pagando por trámites de investigación muy caros. A modo de ejemplo, Bullrich comentó que en el último operativo de incautación de 4.200 kilos de marihuana en Misiones le demandó al Estado 1,2 millones de pesos en traslados de los delincuentes y pericias. En rigor, este es un caso menor si se lo compara con operativos que llegan a costar entre 30 y 40 millones de pesos. El costo promedio de una investigación le insume al Estado unos 3 millones de pesos.
Entre los fundamentos de la resolución está planteado que «en la ciminalidad organizada y el delito complejo la organización y la metodología torna sumamente compleja la dilucidación de los autores materiales y la responsabilidad de cada uno, por lo que pone en evidencia la necesidad de aplicar cuantiosos recursos para su esclarecimiento». De esta forma, el Gobierno cree conveniente que esos recursos ingresen al Estado nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para esas causas. Por ello, se dispuso la recuperación de fondos del Estado «para poner en equilibrio presupuestario a las tareas de la policía judicial como a la policía de prevención».
En el listado de «facturas» que le llegará a la cuenta de los narcos estará una larga lista que será distribuida por el Ministerio de Seguridad a todos los jueces donde figuran al menos 30 trámites de investigación hasta ahora costeados por el Estado. Entre algunos de ellos figuran: el narcotest orientativo, pericia definitiva de sustancias prohibidas, custodia de vehículos, personas y domicilios; traslado de personas, pericias balísticas, pericias dactiloscópicas, escenas del crimen, pericias sobre sustancias explosivas y los rastreos de personas.
