Las tendencias internacionales indican que el ciclo de bonanza para los países en desarrollo y proveedores de alimentos y otras materias primas para el mundo asiático, África y Sudamérica, seguirá favoreciendo a la Argentina.
Hasta ahora esa ventaja comparativa no ha redundado en ganancias significativas de participación en la generación de la riqueza mundial, ni en el total de las exportaciones.
Para lograr esos objetivos, no son pocos los economistas que consideran clave encarar diversos desafíos en el nuevo mandato presidencial.
En primer lugar se asume que el Congreso acelerará el tratamiento de la Ley Nacional de Presupuesto de Gastos y Recursos para 2012. No sólo se requerirá eso, sino que se inicie un período de restablecimiento de la capacidad de ahorro del sector público. No se aspira a unajuste del gasto público sino que deje de crecer a tasas superiores a la que marquen los recursos tributarios.
En segundo término, y de acuerdo con lo establecido en el proyecto de la ley de marras, avanzar en forma decidida y rápida hacia un acuerdo con los acreedores en default del Club de París, aceptando la revisión de las cuentas públicas por parte del Fondo Monetario Internacional, como país socio desde su creación en 1944.
Se estima que un convenio de esas características derivará en una drástica reducción de la tasa de riesgo país y facilitará el retorno de la Argentina al mercado internacional de capitales en momentos en que las tasas de interés se ubican próximas a cero, y también la atracción de fondos de largo plazo para ser invertidos en obras de infraestructura y ampliación del acervo productivo.
Otro desafío es restablecer la denominada «institucionalidad», con la elaboración de un índice de inflación que esté libres de sospechas por los agentes económicos y que a partir de políticas fiscales y monetarias menos blandas que en los últimos años posibiliten reducir la variación de los precios al consumidor a un rango anual de un dígito bajo, similar al que registran los socios del Mercosur.
En ese marco, se podrá enfrentar el desafío de terminar con el mandato inconcluso de la Reforma de la Constitucional de 1994 de impulsar un cambio en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a las necesidades insatisfechas de las diferentes jurisdicciones. En particular en lo que respecta al acceso de agua potable, luz eléctrica, gas natural por redes, vivienda digna y otras obras de infraestructura vial y de comunicaciones básicas, acorde con los tiempos modernos.
Un plan de esas características, que avance en la reducción gradual de los impuestos distorsivos, como el impuesto a cheque, las excesivas cargas patronales sobre la nómina salarial y las retenciones sobre las exportaciones, o su transformación en pago a cuenta de otros impuestos, como IVA y Ganancias, y reduzca los subsidios al transporte y al sector energético, pero manteniéndolo explícita o implícitamente para los sectores de menores ingresos, posibilitará un fuerte impulso de la inversión, de la creación de empleos y con ello de la capacidad de ahorro de las familias y de las empresas.
Otro desafío es finalizar con un largo ciclo en el que las importaciones crecen a mayor tasa que las exportaciones. Para eso, se requiere no sólo con incentivar mecanismos que alienten el aumento de la productividad y competitividad de la producción nacional, a través de una política de ingresos que se sustente en el acompañamiento de las reglas de mercado, como hacen las de economías libres y competitivas.
Fuente: Infobae
