El enorme registro de inscriptos para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) acaba de sumarse como otro indicador del creciente nivel de demanda social en tiempos de crisis y coronavirus. Al margen de otras lecturas y egún estimaciones de funcionarios, quedarían en firme alrededor de 6 millones de solicitudes -casi la mitad de los anotados- una vez concluido, en estas horas, el proceso de filtro por parte de la Anses. Junto con esa luz de advertencia, en el Gobierno tal vez se haya encendido otra: la cuestión operativa para hacer frente a ese volumen de anotados sin repetir la experiencia bochornosa y de alto riesgo de las impactantes colas de jubilados. El Correo Argentino fue sumado de golpe a esa tarea y tal vez deba atender en sus locales a dos millones de beneficiarios.
La crisis de arrastre y el impacto de las medidas para enfrentar la pandemia terminaron de dibujar un cuadro de gravedad económico-social que compite en tensión, apenas unos centímetros por debajo, con el desafío sanitario. Son datos objetivos que ocupan los dos renglones superiores del listado presidencial. La extensión del aislamiento social obligatorio, administrado o flexibilizado –este última, una definición que Alberto Fernández usó pero aclarando que a disgusto-, ratifica el foco sobre los grandes centros urbanos, el GBA pero también Córdoba y Rosario, entre los primeros. Menos visible, pero motor de internas y también de irritación en Olivos se anotan los problemas y costos autogenerados.
Visto así, la cuestión del IFE –en principio, 10 mil pesos por única vez y por grupo familiar- ilustra en parte la agudización de la crisis social y también advertiría sobre los cuidados para evitar desbordes cuando se atienda a los beneficiarios, en pocos días. El Gobierno ha recurrido al sistema de bancos oficiales, sumará parcialmente las billeteras virtuales –no más del 10 por ciento de los beneficios finalmente otorgados- y agregará la estructura del Correo. Un tema nada menor por las exigencias operativas de seguridad y flujo de dinero en efectivo.
El Presidente ha venido cuidando a sus funcionarios de primera línea frente al impacto de situaciones negativas como la atención a jubilados y beneficiarios de asistencia social, y la compra de alimentos con sobreprecios. En el primer caso, puso a resguardo a todos los responsables, aunque su malestar fue especialmente visible con el jefe de la Anses, Alejandro Vanoli, según fuentes cercanas a Olivos. En el segundo caso, sostuvo sin vueltas, incluso frente a críticas internas, al ministro Daniel Arroyo, pero reclamó cierta poda en la segunda línea del ministerio. Es algo que podría ampliarse frente a datos que muestran que no se trataría de un episodio acotado.
El Presidente debe cuidar en estos días y de manera especial otro frente: la relación con los gobernadores. Hay demandas diferentes, sin contar con los reclamos de empresarios y hasta de jefes sindicales. Anoche, sólo aludió a unas pocas excepciones para continuar con la cuarentena. Y estrenó la categoría de “cuarentena comunitaria” para su aplicación, según resulte de conversaciones con gobernadores, en algunas localidades del interior del país sin registros de casos de coronavirus, que no están en relación con áreas de riesgo –algo difícil de determinar- y que podrían desarrollar una vida social menos restringida. Eso valdría también para contadas actividades productivas.
El criterio no corre al menos en la letra para barrios o zonas vulnerables de grandes centros urbanos donde por diferentes razones, empezando por las habitacionales, se hace muy difícil y de hecho funciona parcialmente el aislamiento social obligatorio.
Una fuente oficialista vinculada a los movimientos sociales suele usar para esos barrios una definición parecida a la del aislamiento comunitario, tratando de limitar la circulación pero aceptando flexibilidad de criterio frente a situaciones sociales diferentes. Destaca además el trabajo de asistencia, no sólo alimentaria, y recurre a una frase hecha pero descriptiva para resumir el cuadro: “Tensa calma”, dice.
Junto a la atención del sistema de salud, el tema de la contención social es la mayor preocupación de los intendentes del Gran Buenos Aires, junto con los problemas de caja que tienden a agravarse y que se expresan en reclamos persistentes en las conversaciones, no muy fluidas, con la gobernación, y a menudo con funcionarios nacionales. Comedores, reparto de bolsones con alimentos y refuerzos en las asignaciones se combinan con el entramado de punteros, iglesias, organizaciones locales.
Pero la realidad desborda planes y no se limita a un distrito. Ayer mismo, un video que circuló en redes sociales mostró algo parecido en la villa 1-11-14, en el barrio porteño de Flores. Son imágenes de gente caminando y comprando en los puestos de siempre, en sus calles. “Todo normal”, dice la persona que graba el video: “Ninguna autoridad, ni un gendarme”.
Al igual que en algunos barrios del GBA, el panorama se repite allí desde el inicio de la cuarentena. Y la respuesta intenta ser de contención. En el caso porteño, se repite el refuerzo de alimentos, se distribuyen insumos como alcohol, y se cuida la red habitual: recorridas a cargo de un área de Desarrollo Humano, publicidad local de las medidas de cuidado sanitario, trabajo con decenas de parroquias y capillas, y con iglesias evangélicas.
Son otras necesidades y circuitos cotidianos. . El tejido urbano es más compacto y a la vez contradictorio. Y el concepto de cuarentena comunitaria, como un mundo cerrado, sería inaplicable por razones prácticas y también ideológicas. Choca con la idea de integración. Es otro desafío de los varios que plantea el coronavirus en términos de sociedad.
