La diputada nacional Margarita Stolbizer presentará este jueves a primera hora un escrito en el que le solicitará al juez federal Claudio Bonadio que procese a la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner.
«Ella ha decidido no hacer una defensa técnico-jurídica sino recurrir a ponerse en una posición de víctima de una persecución política», sostuvo la legisladora, y agregó: «Siento que hemos llegado a un punto en esta causa donde la indagatoria de ella no sirvió absolutamente para nada y el juez entonces debe proceder al procesamiento de los imputados».
Stolbizer consideró que las pruebas que hay en el expediente son suficientes para dar por acreditados los delitos que denunció y por eso solicitará el procesamiento. La diputada remarcó que la ex presidente está llevando adelante una defensa política y eso es lo que la pone en una situación mucho más complicada porque lo que está demostrando es que no tiene elementos para una defensa jurídica.
En esta causa, la ex mandataria está imputada por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de dinero y cohecho. Entre las pruebas que obran en el expediente está un informe de la AFIP que indica que Los Sauces S.A. facturó más de 22 millones de pesos entre los años 2009 y 2014.
Por su parte, los peritos de la Corte Suprema, de la Procuración y de la defensa coincidieron en que entre 2009 y 2016, el 86,52% de la facturación de la sociedad comercial de la familia Kirchner correspondía a dos grupos empresarios que están denunciados y que fueron favorecidos durante el gobierno anterior. De ese monto, el 63,19% fue facturado al Grupo Indalo y el 23,33% al Grupo Báez.
En total en esos años la facturación de Los Sauces S.A. fue de 29 millones de pesos. Pero eso no es todo, el contador Sergio Acosta -designado interventor informante por el juez de la causa- mencionó que las firmas presuntamente de Máximo Kirchner que figuran en los tres libros que examinó, podrían ser apócrifas por lo que sugirió que se ordene una pericia caligráfica para investigar si se había cometido el delito de falsificación de documentos privados o públicos.
La ronda de indagatorias culminó este martes con la declaración de Cristina Elisabet Kirchner y ahora el juez federal Claudio Bonadio tiene 10 días para definir la situación procesal de los imputados.
