A horas del comienzo de la feria judicial, el gobierno nacional presentó ayer una denuncia penal contra 11 diputados de la izquierda y el kirchnerismo por los delitos de «atentado agravado de funcionario público, resistencia o desobediencia, y encubrimiento», luego de lo ocurrido en la sesión en la que se trató la reforma previsional el 14 de diciembre.
Ahora, los senadores del bloque Unidad Ciudadana, liderado por la ex presidente Cristina Kirchner, emitieron un comunicado en el que respaldaron a los legisladores acusados y en el que aseguran que el Ejecutivo tiene un «plan sistemático» de «criminalización de la protesta social».
«Los senadores del bloque FPV-PJ expresamos nuestro rechazo al plan sistemático desplegado por el Poder Ejecutivo Nacional de continuar criminalizando la protesta social, judicializando la política y sometiendo a los más de 45 millones de argentinos y argentinas a vivir en un Estado sin derecho», señalaron.
La denuncia, en contra los diputados Leopoldo Moreau, Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Andrés Larroque, Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Marcos Cleri, Nicolás del Caño, Miryam Bregman y el legislador del Parlasur, Gabriel Mariotto, recayó en el juzgado de María Servini.
«Esta vez, el Gobierno de Macri denuncia penalmente a 11 diputados nacionales de la oposición, utilizando acusaciones absolutamente mentirosas acerca de lo sucedido el pasado 14 de diciembre en oportunidad del debate de la Ley de Ajuste a los Jubilados, en una sesión en la que el oficialismo no consiguió el quórum. Este es un hecho inédito e inadmisible para la historia democrática de nuestro país y constituye, de por sí, uno de los atropellos institucionales más peligrosos que ha cometido el Gobierno de Mauricio Macri», agregó el bloque K en el comunicado.
Sostienen que la denuncia contra los legisladores se hace para ocultar «la represión» ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el día de la sesión. «Los hechos cristalizan una realidad completamente distinta a la mentira con la que el Gobierno de Macri engaña para realizar su denuncia y para intentar tratar de ocultar la brutal represión desplegada bajo las ordenes de la ministra de Seguridad», remarcaron.
«En aquélla jornada se vivió una represión de la cual no hay memoria desde el regreso de la democracia. Fueron mas de 10 horas de represión que dejaron un saldo de más de 45 detenidos y 7 diputados nacionales heridos por el accionar de las fuerzas de seguridad», añadieron.
En defensa de los acusados, los senadores sostienen que «los diputados ejercieron efectivamente su rol de representantes del pueblo, dentro y fuera del Congreso, exigiendo a las fuerzas de seguridad que tuvieran un comportamiento democrático hacia la ciudadanía». En ese sentido, agregaron: «Es tan descabellado el atropello del Poder Ejecutivo Nacional, que la denuncia realizada involucra a diputados que ese día fueron agredidos físicamente por las fuerzas de seguridad que actuaron en abuso de su función».
Insistieron en que «estamos ante una fuerte amenaza de cercenar la representación popular en el Parlamento recurriendo a métodos, procedimientos y formas que queríamos y creíamos definitivamente desterradas de la política argentina, cuyo objetivo central es criminalizar a la protesta social y amedrentar a las voces que no se someten al diseño de oposición que pretende imponer el Gobierno».
Finalmente advirtieron que «seguirán cumpliendo el rol de oposición para el cual fueron elegidos a través del voto popular, rechazando toda acción represiva que pretenda cercenar voces, criminalizar la protesta social, judicializar la política y desacreditar a toda aquella oposición que no sea a la medida del Poder Ejecutivo, que no sea una oposición de a la medida de Olivos».
