El texto del decreto que endurecerá los controles migratorios ya está terminado y solo falta la firma del presidente, Mauricio Macri, y su publicación en el Boletín Oficial, para que se pueda implementar. Fueron días de trabajo conjunto entre los ministerios de Seguridad, Justicia e Interior, de quien depende la dirección de Migraciones; y de polémica en torno a la situación en la que quedarán los extranjeros.
La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que la iniciativa tiene tres ejes: «Aquel que cometió un delito en su país, no entra en la Argentina; aquel que comete un delito estando en la Argentina será expulsado de manera rápida (en un plazo de tres meses); y aquel que ya cometió un delito hay que esperar a la mitad de la condena, pero inmediatamente se le va a sacar su residencia».
La funcionaria, en declaraciones al canal TN, explicó que hasta ahora «la Policía Federal tenía una herramienta de Interpol donde figuran todas las capturas de personas prófugas de todo el mundo, pero eso no estaba online en ninguna frontera. Es decir que a la Argentina entraba cualquiera que tenía una condena grave y uno se enteraba cuando la persona ya se había ido».
En sintonía, y en diálogo con Infobae, el director de Migraciones, Horacio García, sostuvo que a partir de la publicación del decreto «se acabaron las excusas: hay obligaciones para los tribunales de informar las condenas y para nosotros, para actuar». «Hay una reducción de los plazos admnistrativos para evitar la mala experiencia de Marco Antonio Estrada González (el peruano que manejaba el negocio de la droga en la villa 1-11-14 y vivía en un barrio cerrado en Ezeiza): cuando se le compute un delito a un extranjero en el país, automáticamente se le revocará la residencia».
Según datos de Migraciones, durante el 2016 se otorgaron 215.000 radicaciones (entre temporales y permanentes) y se dan 28.000 turnos para realizar el trámite por mes. «Tenemos la autoridad moral como país como para determinar que no ingresen ni permanezcan en el país los delincuentes».
El texto del decreto, además, hará mención a las obligaciones que tendrán las aerolíneas. En este sentido, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentará hoy el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API, por sus siglas en inglés), que obliga a las líneas aéreas a brindar datos sobre los viajantes antes de que arriben o egresen del país.
«La idea es conocer si una persona es requerida por la Justicia nacional o de otro país, y así poder rechazar su ingreso a la Argentina», según se indicó en un comunicado.
El acto de lanzamiento se llevará a cabo a partir de las 15 en la Dirección Nacional de Migraciones, Antártida Argentina 1355 de esta capital.
