«No poseo cuentas en el exterior y nunca he estado en la sede de los bancos a los que se hace referencia en el hecho», afirmó Luciana en el escrito, de un tenor muy similar al entregado ya en el juzgado por sus hermanos Leandro y Melina.
Y se quejó: «La citación indagatoria parecería responder a una presión mediática y un claro direccionamiento del expediente por parte del señor juez hacia mí y mi familia».
Y le pidió a Casanello que la deje volver a Rio Gallegos porque tiene dos hijos en edad escolar y el magistrado le impuso permanecer en la ciudad de Buenos Aires, a «3000 kilómetros de distancia» de ellos.
Luciana, la mayor de las hijas de Báez, llegó a los tribunales federales de Retiro poco antes de las 10 junto a sus abogados Santiago Viola y Claudia Balbín y se presentó a la indagatoria para dejar un escrito y no contestar preguntas.
En el escrito rechazó además haber hecho depósitos u «ordenado transferencias de fondos» como los que se mencionan en la acusación, generada a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera que la Justicia considera válido como para imputar a los hijos de Báez
En ese informe se alude a cuentas en Suiza por un total de 25 millones de dólares donde los cuatro hijos figurarían como beneficiarios y que habrían recibido transferencias desde otros países, entre otras maniobras consideradas parte del delito de lavado de activos.
Luciana se quejó porque el juez, según ella, hizo un «relato generalizado» de su rol en el delito sin precisar fechas ni movimientos concretos de ella y ante ello, le dijo que no puede defenderse de manera «completa».
«No existe en el expediente ni una sola prueba que de cuenta de que yo hubiera efectuado maniobras de lavado de dinero ni que hubiera cometido algún delito», concluyó.
Con la indagatoria a Luciana, Casanello ya indagó a los cuatro hijos de Báez, al propio empresario y a su contador Daniel Perez Gadín, por los nuevos delitos que se le imputan a raíz del informe de la UIF.
Resta volver a citar al abogado Jorge Chueco, cuya indagatoria fue suspendida por razones de salud y porque sus abogados renunciaron. También se le concedió la postergación, para el mes de agosto, al empresario uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente del club de fútbol Peñarol.
Fuente: Telam
