Lula va a África, ataca a Israel y reclama un Estado Palestino pero calla sobre la muerte de Navalny y la expulsión de la ONU de Venezuela

Mientras continúa la visita de Lula al continente africano, su viaje a Egipto ha dejado tras de sí una estela de polémica, no sólo por el tono de sus declaraciones contra Israel sino por la gigantesca desproporción entre sus ataques y su silencio sobre otros conflictos, como la invasión rusa de Ucrania y el secuestro de cientos de niños ucranianos por los que Putin está acusado de crímenes de guerra. Lula tampoco comentó la muerte ayer de Alexei Navalny, el activista asesinado por el régimen ruso.

De hecho, paradójicamente, la semana que viene Brasil recibirá con todos los honores al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que acudirá a Río de Janeiro para la reunión de ministros de Exteriores del G20.

Mientras Lula está en África, Brasil también quedó fuera del comunicado conjunto de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay, que criticó la decisión del dictador Nicolás Maduro de expulsar de Venezuela a todos los funcionarios del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exigió la liberación inmediata de la activista Rocío San Miguel, secuestrada el 9 de febrero pasado por el régimen y ahora detenida en el centro de tortura del Helicoide, y pidió “el pleno respeto de los derechos humanos, el estado democrático de derecho y elecciones transparentes, libres y democráticas” en Venezuela.

Luiz Inácio Lula da Silva, junto al dictador venezolano, Nicolás Maduro, en el Palacio do Planalto, en Brasilia (Brasil). EFE/Andre Coelho

Como ya había hecho cuando Rusia invadió brutalmente Ucrania, Lula no reconoce, en definitiva, el derecho a la defensa de un Estado, que en derecho internacional se define como legítima defensa y está confirmado en el artículo 51 de la Carta de la ONU. La legítima defensa es, de hecho, una excepción a la prohibición del uso de la fuerza prevista en el apartado 4 del artículo 2 de la Carta.

Sin embargo, en cuanto a cómo puede ocurrir esto con Hamás aún activo en Gaza y sus alrededores, el presidente brasileño no ha dado explicaciones ni ha propuesto soluciones. Como bien ha recordado en The Atlantic uno de los mayores expertos mundiales en terrorismo, Bruce Hoffman, cuatro temas principales emergen con claridad en los 36 artículos que componen el estatuto de Hamás de 1988.

Son “la destrucción completa de Israel como requisito previo para la liberación de Palestina y el establecimiento de un Estado teocrático basado en la ley islámica (la sharia), la necesidad de una guerra santa (el Yihad) sin freno ni tregua para lograr el objetivo antes mencionado, el desprecio deliberado y la desestimación de cualquier resolución negociada o solución política de las reivindicaciones judías y musulmanas sobre Tierra Santa, y el refuerzo de narrativas históricas antisemitas unidas a siniestras teorías conspirativas”.

Lula también guardó un silencio de tumba sobre la negativa de al-Sisi a abrir las fronteras de Gaza, ya que el país considera una amenaza a Hamás, una rama de los Hermanos Musulmanes, un movimiento islamista global fundado justamente en Egipto.

El presidente brasileño intentó también equilibrar su discurso afirmando que “Brasil ha sido un país que ha condenado enérgicamente la postura de Hamás en el ataque a Israel y el secuestro de cientos de personas. Lo condenamos y lo calificamos de acto terrorista”.

Es importante recordar, sin embargo, que cinco días después de la masacre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, Itamaraty, emitió un comunicado en el que se limitaba a explicar que el gobierno de Lula no había clasificado a Hamás como “terrorista” porque Brasil seguía las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), que no lo había clasificado como terrorista. Y sólo el 14 de noviembre, es decir, más de seis semanas después de la masacre del festival de música Supernova, Lula criticó explícitamente el terrorismo de Hamás, pero para acusar también duramente a Israel de cometer actos terroristas en la Franja de Gaza, equiparando así al agredido con el agresor, al igual que había hecho con Ucrania y Rusia.

El presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva (i), le da la mano al presidente de Rusia, Vladimir Putin. REUTERS/Ria Novosti/Pool/Alexei Druzhinin/File Photo

Además el presidente brasileño anunció, en una sesión extraordinaria del Consejo de Representantes de la Liga de Estados Árabes en El Cairo, que su país seguirá enviando dinero a URNWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Médio, como ya había anunciado en una cena en la embajada palestina en Brasilia el 9 de febrero. Sólo que en El Cairo Lula utilizó palabras más duras, calificando de acto de “inhumanidad” y “cobardía” la suspensión internacional de la ayuda a la agencia de la ONU. En enero, más de 10 países, entre ellos Estados Unidos, Italia y Francia, cortaron la financiación tras demostrarse que 12 funcionarios de la URNWA habían participado en la masacre de Hamás del 7 de octubre. Como escribe Richard Goldberg, senior adviser de la Fundación para la Defensa de las Democracias (Foundation for Defense of Democracies, FDD, en inglés) “UNRWA no tiene consejo de administración y ni siquiera se somete a auditorías independientes fuera del sistema de la ONU, lo que significa que los donantes no pueden verificar la información básica. Los gobiernos que gestionan grandes programas de derechos realizan regularmente auditorías para erradicar fraudes y abusos. UNRWA no lo hace.

En una ocasión, el Congreso de Estados Unidos destinó un millón de dólares a financiar una auditoría del sector privado, pero UNRWA se negó a cooperar. UNRWA afirma servir a 5,9 millones de personas, pero hay buenas razones para dudar de la exactitud de esta cifra.

El gobierno libanés, por ejemplo, ya ha acusado a UNRWA de inflar sus cifras, después de que un censo encontrara sólo 174.422 palestinos de una población declarada de 450.000″. Pero el punto central que subraya Goldberg es la intersección con Hamás.

“Los informes de los medios de comunicación han revelado la presencia de túneles terroristas de Hamás al lado o debajo de las instalaciones de UNRWA y las escuelas de UNRWA han sido utilizadas como plataformas de lanzamiento de cohetes. Con cohetes incluso almacenados dentro de las mismas escuelas. La noticia de que profesores de UNRWA mantuvieron rehenes israelíes en sus casas después del 7 de octubre no es ninguna sorpresa. En 2008, un director de UNRWA fue descubierto pluriempleado como terrorista de la Yihad Islámica, pero la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Médio no lo despidió. Además, grupos que vigilan a la ONU han identificado a miles de empleados de la UNRWA que apoyan el terrorismo y el antisemitismo en sus redes sociales y grupos de chat”.

Sin embargo, según Lula, “en el momento en que el pueblo palestino más necesita apoyo, los países ricos han decidido recortar la ayuda humanitaria a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Las recientes acusaciones contra el personal de la agencia deben ser debidamente investigadas, pero no pueden paralizarla”. Casi al mismo tiempo que las palabras del presidente brasileño, según el corresponsal militar de i24NEWS Matthias Inbar, fuentes de inteligencia locales afirmaron que Israel encontró esta semana seis drones en un lote de donaciones de la UNRWA. La ayuda humanitaria enviada por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos estaba destinada a Cisjordania/Judea y Samaria.

En el frente interno de Brasil también crece la hostilidad hacia Israel. Por ejemplo, el viaje, el 23 de enero, de ocho magistrados brasileños que, invitados por la Confederación Israelita de Brasil (Conib) y la Asociación Stand With Us, visitaron la Knesset, fue objeto de una denuncia de un colectivo de abogados por la democracia – citado a menudo en la página web del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula – que exigió una punición de la oficina de Asuntos internos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) contra ellos.

El mismo colectivo de abogados demandó que los magistrados sean apartados preliminarmente de su función hasta que concluya el proceso disciplinario. Para ese colectivo, las entidades que invitaron a los magistrados “se presentan como lobistas en Brasil de los intereses del Estado de Israel y buscan cooptar organizaciones de la sociedad civil, políticos y funcionarios públicos para que actúen en defensa de esos intereses”. La Conib, sin embargo, no tiene ninguna relación directa con el Estado de Israel y sólo representa a la comunidad judía de Brasil. La Federación Israelita del estado de San Pablo, precursora de la Conib, se creó en 1946, antes incluso de que existiera el Estado de Israel.

Diaz Canel, Lula y el jeque Mohamed Bin Zayed al Nahyan

Un comunicado del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano colegiado compuesto por varias ONG y dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC), también causó polémica. El texto defendía al periodista Breno Altman, que hizo declaraciones que relativizaban las acciones de Hamás contra Israel. En el documento, la CNDH invocaba el derecho a la libertad de expresión de Altman, que es objeto de una acción judicial por parte de la Confederación Israelí de Brasil.

A finales de enero, tras las declaraciones del ex diputado federal del PT José Genoino, que sugería un boicot a las empresas judías, Altman publicó: “José Genoino tiene razón. El Estado colonial y racista de Israel debería ser objeto de boicot, desinversión y sanciones, como Sudáfrica durante el apartheid”.

La Conib ha interpuesto una demanda contra él, alegando que “Breno Altman vuelve a poner de manifiesto su antisemitismo y, sobre todo, su alto grado de peligrosidad, reforzando estereotipos nocivos, alimentando prejuicios y contribuyendo a la propagación de sentimientos hostiles contra los judíos”. El conflicto entre Altman y Conib viene desde el año pasado, cuando el periodista declaró (el 12 de octubre, 5 días después de la masacre) que Hamás es “una parte decisiva de la resistencia palestina contra el Estado colonial de Israel”, y añadió: “No importa de qué color sean los gatos, mientras persigan ratones”. El 24 de diciembre, Altman vio retiradas sus publicaciones en las redes sociales por orden del Tribunal de Justicia de San Pablo y acabó siendo investigado por la Policía Federal.

Mientras tanto, el viaje de Lula a África continuó. Tras Egipto, Lula viajó a Etiopía, donde se reunió con el primer ministro, Abiy Ahmed Ali, que firmó ese año un acuerdo con la región separatista Somalilandia para arrendar 20 kilómetros de la costa de este último a cambio del reconocimiento formal de su independencia. Una violación de la soberanía somalí que podría amenazar con desestabilizar toda África Oriental.

El presidente brasileño no hizo ningún comentario público sobre la dramática situación que se vive en Etiopía, donde pocos días antes algunos testigos revelaron a la prensa internacional cómo las tropas gubernamentales habían matado a decenas de civiles inocentes en Merawi, allanando sus casas puerta por puerta. Se trata de la región de Amhara, corazón de la rebelión del grupo Fano, que estalló el año pasado. En Addis Abeba, el presidente brasileño asistió a la reunión anual de la Unión Africana. Mientras Lula guardaba silencio sobre la guerra en curso en Etiopía y las tensiones con Somalia, en las negociaciones bilaterales al margen de la reunión se discutió el plan del presidente brasileño de renegociar la deuda que muchos países africanos tienen con Brasil, por un valor total de 280 millones de dólares.

Fuentes de Itamaraty revelaron a Infobae que las propuestas incluyen una reducción de la deuda. El país más endeudado con Brasil es Mozambique, por 143 millones de dólares, que se refieren a dos préstamos concedidos a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el BNDES, para obras en los aeropuertos del país por la constructora Odebrecht, ahora Novonor. El objetivo de Brasil sería, una vez quitadas las deudas, financiar las exportaciones a África, especialmente de servicios, bloqueadas desde 2017 por las acusaciones de corrupción que implican a constructoras brasileñas.

Fuente Infobae