Los dos fallos emitidos esta semana por la Cámara Federal de Casación penal y la Cámara Federal porteña reflejaron por qué Mauricio Macri puso empeño en que las denuncias que lo involucran en presunto espionaje ilegal pasaran a Comodoro Py, una estrategia procesal a la que sus abogados buscan darle continuidad con el apartamiento del juez que lo procesó en la causa por las supuestas acciones de inteligencia sobre los familiares de la tripulación del ARA San Juan.
Las dos resoluciones fueron celebradas por el entorno de Macri, ya que en el caso de la Cámara Federal porteña sus integrantes desecharon la hipótesis de que en la gestión de Cambiemos funcionó una asociación ilícita dedicada al espionaje (en el marco de un expediente que se inició en Lomas de Zamora) mientras que Casación dispuso el pase a Comodoro Py del «caso D’Alessio» (iniciado en Dolores).
Aunque ninguna de las dos causas tiene al expresidente como imputado, ambas refieren a hechos ocurridos en tiempos en los que Macri ejerció la primera magistratura y comprometen a altos funcionarios y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que actuaron durante su gestión, entre 2015 y 2019.
Una de esas causas, conocida como «caso D’Alessio» a partir de la denuncia del empresario Pedro Etchebest sobre la existencia de una presunta trama de espionaje ilegal y extorsión que actuaba alrededor de ese espía inorgánico, derivó tiempo después en otro expediente en el que Macri se encuentra procesado por supuesto espionaje a los familiares de la tripulación del submarino.
El impacto político de los fallos firmados esta semana desde el edificio de Comodoro Py –donde tienen su sede, aparte de los 12 juzgados federales, la Cámara Federal porteña y Casación- fue tal que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner emitió desde la red social Twitter una serie de mensajes alusivos, muy críticos, que remató con la frase «Finalmente se supo: Papá Noel vive en Comodoro Py».
Después de que se conociera el fallo de la Cámara Federal que revocó los procesamientos a los exdirectores de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuesta asociación ilícita y espionaje ilegal, desde el entorno de Macri señalaron que se trató de «un fallo muy positivo» que «demuestra que él (por el exmandatario) no espió ni mandó a espiar a nadie en su gestión de gobierno», según publicó Clarín.
La decisión, rubricada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y con Eduardo Farah en disidencia, se produjo en el expediente en el que se investigan las maniobras de espionaje ilegal a dirigentes políticos, sindicalistas, referentes sociales y periodistas realizadas por los espías conocidos como los «Super Mario Bros» (por el nombre de su grupo de Whatsapp), en el cual Macri no estaba imputado.
En esa resolución de más de 200 páginas el apellido Macri aparece siete veces pero nunca referido en particular al expresidente sino al mencionar a su hermana Florencia, quien figura como víctima de las maniobras de espionaje que los jueces de la Cámara Federal porteña le atribuyeron a un grupo de cuentapropistas y ya no a una organización delictiva que funcionaba dentro de la AFI, como había resuelto el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.
Quienes rodean al expresidente aprovecharon ese fallo para apalancarse y volver a criticar al actual juez federal de Dolores, que lo procesó en otro expediente, el que investiga presuntas acciones de espionaje ilegal sobre las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan: el argumento utilizado por los abogados de Macri fue que si la Cámara Federal estableció que no hubo asociación ilícita en un caso (la red «Super Mario Bros») tampoco pudo haberla habido en otros.
Así lo dijeron, también según reprodujo Clarín, «fuentes cercanas a Macri»: «Esto destruye el argumento del juez federal de Dolores, Martín Bava, quien procesó de manera totalmente arbitraria a Macri por espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan, pese a que no había ninguna prueba que lo incrimine. Con este fallo, eso se desmorona», publicó el martes último ese diario.
Bava procesó a Macri el 1° de diciembre último, como supuesto responsable de las investigadas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la AFI contra los familiares de los tripulantes de submarino de la Armada desaparecido en noviembre de 2017, quienes exigían justicia y repuestas al gobierno de Cambiemos por el hundimiento y la falta de información posterior.
Ese fallo, que también le prohíbe a Macri salir del país, fue apelado por su abogado defensor Pablo Lanusse, a quien el pasado 14 de diciembre la Cámara Federal de Mar del Plata le notificó que le había sido fijado el 29 de diciembre como fecha tope para que presente los argumentos de la apelación.
Días atrás, sin embargo, la defensa de Macri realizó una nueva presentación ante el tribunal de apelaciones de Mar del Plata para hacer saber que ese lapso de tiempo no le alcanzaría para procesar toda la prueba que pretendía acompañar en los fundamentos de la apelación, por lo que Lanusse solicitó una prórroga que le fue concedida hasta el 10 de febrero.
¿Por qué la defensa de Macri preferiría esperar hasta mitad de febrero para fundar la apelación de su procesamiento e intentar voltear la prohibición de salida del país que lo obligó a reorganizar una agenda que venía cargada de viajes?
«Porque espera más noticias de Comodoro Py», ensayó una fuente que sigue las causas de espionaje y estudia los movimientos de los abogados de Macri y sus exfuncionarios.
La defensa de Macri ya pidió hace tiempo –a través de un planteo de inhibitoria presentado en Comodoro Py- que la causa de espionaje vinculada al hundimiento del submarino pase a los tribunales federales de Retiro.
El recurso está atado a un planteo similar que hizo Arribas en la causa en la que se investigan las maniobras de espionaje desplegadas desde las denominadas bases AMBA de la central de espías.
Ese último planteo está sujeto a lo que decida la Cámara Federal de Mar del Plata, dado que el juez Bava –ante un reclamo de Comodoro Py- rechazó ceder la competencia: quienes siguen la causa especulan con que el tribunal de apelaciones de la ciudad balnearia podría entender que corresponde mandar a la Ciudad de Buenos Aires las causas de las bases AMBA y ARA San Juan, como dispuso Casación con el caso D’Alessio.
¿Cuál sería el criterio? Aquel que dice que como el espionaje ilegal se habría ordenado desde las oficinas de la AFI y/o incluso desde la Casa Rosada –ambos situados en CABA- las causas deberían tramitarse en la jurisdicción porteña de Comodoro Py.
Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por esta agencia señalaron que esa lectura es incorrecta y que los casos AMBA y ARA San Juan abordan hechos ocurridos territorialmente en la provincia de Buenos Aires –la causa del espionaje a los familiares de los submarinistas comenzó tramitando en Mar del Plata-; aunque estiman que si el tema llega a la Cámara de Casación es probable que resuelva por el pase a los tribunales de Retiro, en CABA.
Mientras tanto, la defensa de Macri espera también que se resuelva la recusación contra el juez Bava con la que ya llegó también hasta Casación: la continuidad o no del magistrado está en manos de los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci.
Si la defensa de Macri logra apartar a Bava bajo el argumento de que tuvo un comportamiento arbitrario al frente del expediente, el siguiente paso será pedir que se anule el procesamiento que le dictó al exmandatario el 1 de diciembre.
Fuente: telam
