Una negociación entre el gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A, del empresario Franco Macri, papá del Presidente, quedó en la mira luego de que una fiscal objetara un acuerdo para cerrar el concurso preventivo que se abrió en 2001.
De acuerdo al criterio de Gabriela Boquin, la Cámara debe rechazar la transacción porque implica «más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago».
El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, fue el funcionario encargado de defender la decisión adoptada por el Estado. Según declaró en diálogo con el periodista Román Lejtman en radio Nacional, «a (Franco) Macro no se le perdonó un mango, ni siquiera los intereses».
El letrado informó que la empresa que manejó el Correo durante los 90 se presentó en concurso en 2001, en medio de la crisis, porque no podía afrontar sus deudas. En ese momento el pasivo con el Estado ascendía a $296 millones. Luego de 15 años durante los cuales no hubo avances, tras la asunción de Cambiemos el Poder Ejecutivo inició una transacción que se cerró $600 millones.
«Lo que hay que tener en cuenta es que la ley de concursos y quiebras lo que prevé es que la acreencia no genera intereses. Lo que se debe es un monto generalizado. Y muchas veces para arribar a acuerdos, se establecen planes de pagos. Y esos planes sí llevan intereses», especificó Mocoroa.
El dictamen de la fiscal Boquin no es vinculante. Ahora los jueces deberán analizar si aceptan la propuesta de acuerdo entre el Estado y la sociedad anónima o lo impugnan.
De acuerdo a la representante del Ministerio Público, el entendimiento es «abusivo» porque implicaría una «condonación de la deuda» por más de $4.277 millones a valor presente. En este caso la quita equivaldría a más del 98 por ciento. El Gobierno cree en cambio que el pasivo se había congelado y se licuó primero por el final de la convertibilidad y luego por la inflación.
