A las cuatro de la tarde del jueves 8 de junio, Mauricio Macri recibió a Germán Garavano y Pablo Clusellas en su despacho de la Casa Rosada para diseñar una hoja de ruta destinada a lograr que Odebrecht colabore con la justicia federal. El ministro de Justicia y el secretario Legal y Técnico trabajan en un proyecto de ley sobre responsabilidad penal de las empresas, y en su texto tienen la intención de incluir una cláusula transitoria destinada especialmente a Odebrecht, la compañía brasileña que pagó millones de dólares para obtener determinadas obras públicas en los dos gobiernos de Cristina Fernández.
Durante el cónclave con Macri, el ministro de Justicia hizo un balance sobre su viaje a Washington, donde se encontró con su colega Jeff Sessions, que le anunció la decisión de Donald Trump de colaborar con la investigación de la causa Odebrecht. Sessions no hizo un discurso de ocasión cuando recibió a Garavano en sus oficinas de Pensilvania Avenue: antes de regresar a Buenos Aires, el ministro argentino ya sabía que ciertas pruebas contra Ricardo Jaime ya estaban siendo enviadas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Con la información aportada por Garavano, el Presidente ratificó su decisión de avanzar contra Odebrecht, y por eso instruyó a Clusellas para redactar una cláusula transitoria que será puesta a consideración de los diputados en los próximos días. La Cámara baja tiene previsto tratar en comisión un proyecto de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en este contexto se agregaría la denominada «cláusula Odebrecht», destinada a obtener la colaboración voluntaria completa de la compañía brasileña que pagó millones de dólares en coimas a exfuncionarios, intermediarios y valijeros.
Esta cláusula transitoria tiene fundamentos políticos y judiciales. Respecto a los argumentos políticos, en el Gobierno se teme que Gils Carbó funcione como una aduana respecto a la información clasificada que pueda ser remitida desde Brasil y Estados Unidos. Gils Carbó tiene muchísima cercanía con Cristina Fernández, y esa lealtad puede conspirar con el rápido acceso de evidencias que complicarían la performance electoral del Frente para la Victoria.
Y en cuanto al fundamento judicial, la decisión de la cláusula transitoria apunta a acelerar la recopilación de pruebas en las tres causas abiertas por los pagos de coimas ejecutados por Odebrecht. Si la compañía brasileña colabora, y entrega los nombres, montos y demás circunstancias, los jueces y fiscales federales ya no dependerían únicamente de la evidencia recogida en la causa Lava Jato o de los expedientes secretos que se manejan en Washington.
Macri apuesta a «la cláusula Odebrecht» para avanzar en un escándalo de corrupción que se desarrolló durante la administración de Cristina. Y su intención es que coimeros y coimeados aparezcan publicados en todos los medios de comunicación. Por eso, el mensaje a la compañía brasileña no tiene eufemismos: si no colaboran con la justicia federal y devuelven los millones de dólares en sobreprecios, serán desterrados de la Argentina hasta nuevo aviso.
