Ante el rechazo por el vicepresidente catalán Oriol Junqueras de cumplir el acuerdo de informar semanalmente los gastos de la Generalitat, el ministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro, ha creado “un mecanismo de control” para que el gobierno sustituya a la Comunidad autónoma. El Estado va a tomar el control casi total de las cuentas de la Generalitat (el gobierno de Barcelona). Madrid pasará a pagar directamente las nóminas de los funcionarios de Cataluña y otras facturas para controlar que el dinero no se gaste en actividades relacionadas con el referéndum separatista del 1° de octubre declarado ilegal.
El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, tendrá 48 horas para manifestar que no dispondrá de parte del presupuesto pendiente de desembolsar en este ejercicio. Si el presidente de la Generalitat se niega al ultimátum, el ministro Montoro tomará las riendas.
El Consejo de Ministros ha aprobado “una serie de acuerdos que establecen un novedoso sistema de pagos por el que el Estado sustituye a la comunidad autónoma, no completamente pero en la mayoría de los pagos esenciales”, preciso Montoro. Con el inédito mecanismo aprobado, el Estado pasará a pagar cuestiones sustanciales como las nóminas durante el tiempo que dure la situación de “excepcionalidad”, en palabras de Montoro, esto es “mientras se sigan negando a cumplir la ley” desde la Generalitat. El nuevo mecanismo de control revisara facturas, créditos, movimientos bancarios, servicios públicos para asegurar que no se financia ningún proceso refrendario. Una vez realizados los trámites el pago lo realizará directamente el estado. Además, el Gobierno va a enviar a las entidades de crédito sus disposiciones con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como blanqueo de dinero.
De esta manera, si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. Todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán autorización previa del Consejo de Ministros.
Oriol Junqueras había comunicado a Montoro, el jueves pasado, que la Generalitat dejaba de enviarles los informes semanales de gatos con los que Hacienda controlaba el correcto destino de los fondos.
En esta misma línea de estricto control a los independentistas, las autoridades de Correos ha remitido una orden a sucursales y oficinas prohibiendo que se realice la admisión de envíos o llevar a cabo cualquier acto que este relacionado con el plesbicito ilegal. La fiscalía ha enviado comunicaciones a todos los medios de comunicación catalanes, informándoles que constituye un delito propagar publicidad del referéndum. Esta prohibición ya había sido decretada contra TV3, la Televisión pública, que dejó de emitirla. El sitio Web del referéndum de la Generalitat fue anulado lo mismo que otros que daban informaciones diversas sobre la consulta del primero de octubre.
A quince días del referéndum, el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y la titular del Parlamento, Carme Forcadell han enviado una carta a Mariano Rajoy y el Rey.
Allí le ofrecen dialogar para “llegar a un acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum”. O sea, dejan bien claro que la demanda principal de los secesionistas, el plesbicito declarado ilegal varias veces por el Tribunal Constitucional, permanece como una exigencia innegociable. La carta reitera que “un referéndum es clave para escuchar la voz de la soberanía”. Ayer, en medios independentistas sostenían que la exigencia fundamental continuaba siendo “Referéndum Sí o Sí”.
La respuesta de Mariano Rajoy fue que “en estos términos no hay nada que dialogar. La voluntad de entendimiento tiene un límite, la soberanía nacional. Mal se compadece el diálogo que ofrece con la amenaza de una declaración de independencia”. El presidente del Gobierno recuerda en su misiva que ni él ni el jefe del Ejecutivo catalán tienen “capacidad para negociar” sobre aquello de lo que no disponen. “Eso supondría”, añade, “hurtar de sus derechos al conjunto del pueblo español y, por ende, a los catalanes y ningún legítimo gobernante puede proceder de esta manera”. En la carta se menciona las múltiples ocasiones en las que Rajoy ha repetido cuáles son sus obligaciones constitucionales, exigencias que también son de aplicación al presidente de la Generalitat. En consecuencia, recalca que en ningún caso podrá satisfacer la propuesta política a la que le invita Puigdemont pues la misma “consiste en pactar con el Gobierno catalán la forma de vulnerar el núcleo esencial de la Constitución española”.
Clarín
