Ante la escasez de funcionarios de confianza a su alrededor y la necesidad de controlar las instituciones policiales, de seguridad e inteligencia, Nicolás Maduro parece querer desempolvar un viejo proyecto que se propuso desde poco después que tomó el poder. Es la creación de un Ministerio de Inteligencia policial, al frente del cual siempre tuvo como candidato al ahora mayor general del Ejército Iván Hernández Dala, que es jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y Jefe de la Guardia de Honor Presidencial.
Desde la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los cuerpos de inteligencia venezolana han sido duramente cuestionados por la violación a los derechos humanos. En esa época por la sanguinaria Dirección de Seguridad Nacional y ya en democracia, en época de Rómulo Betancourt, con la tenebrosa Dirección General de Policía (Digepol) que dio paso a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) con la que entró Hugo Chávez al poder y luego cambió a Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, bajo control policial), que se mantiene con Nicolás Maduro, y a la que debe sumarse la Dgcim, que es militar. Ambos organismos, policial y militar, están escribiendo la peor etapa de tortura y violación a los derechos humanos en el país.
Por una parte el Servicio Bolivariano de Inteligencia dirigido nuevamente por el mayor general Gustavo González López, quien es hombre incondicional de Diosdado Cabello, empezó por ser el organismo más denunciado por la aplicación de praxis reñidas con la justicia y con el respeto al debido proceso.
Se impuso en el Sebin una terrible práctica que no respetaba ni las órdenes de los tribunales, ni las boletas de excarcelación, ni permitía las acciones del Ministerio Público ni el derecho de los abogados a las consultas regulares con sus defendidos.
Pero también en el Sebin se aplicó la tortura física y psicológica. Ahí
empezaron a aparecer los detenidos con ojos morados, heridas en los brazos, espaldas y piernas, moretones en cuerpo y rostro, etc. Los presos empezaron a pagar para tener acceso a cualquier cosa, por muy elemental que sea.
Atrás quedó lo que tanto pregonó Hugo Chávez con todo y su Constitución Bolivariana, en cuyo preámbulo incluyó «la garantía universal e indivisible de los derechos humanos» y en sus Derechos Fundamentales «la preeminencia de los derechos humanos».
Incluso tiene un Título, el número III, especialmente dedicado a ello, en cuyo artículo 19 se lee: «El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen».
En el camino se quedó la Constitución con todo y el respeto a los derechos
humanos. La Revolución Bolivariana ha degenerado en aquello que tanto
criticó de la Seguridad Nacional y la Digepol, para dar paso a dos entes donde se cometen las más aberrantes violaciones a los Derechos Humanos,
empezando por someter a civiles a ser juzgados en tribunales militares, sin que el Ministerio Público actúe ante ello.
Así tenemos en el Sebin las oscuras celdas del Helicoide, donde desde hace 14 años están los hermanos Guevara, condenados por el asesinato del fiscal Danilo Ánderson, en el marco de un oscuro proceso judicial que tuvo como fiscal estrella a Isaías Rodríguez, el mismo que hace unos días renunció a la embajada de Venezuela en Italia. A los Guevara no les han considerado las medidas que por derecho les corresponden.
La otra instalación carcelaria del Sebin está en el edificio principal en Plaza Venezuela, donde está La Tumba, una instalación diseñada para la tortura blanca, la peor para efectos psicológicos. Hay detenidos civiles y militares. Entre los más emblemáticos militares están: el general en Jefe (Ejército) Raúl Isaías Baduel y el capitán (Guardia Nacional Bolivariana) Juan Carlos Caguaripano.
El Sebin tiene años controlado por Diosdado Cabello a través del general González López, quien asumió el cargo en marzo del 2014. Maduro logró arrebatarle ese control por poco tiempo, cuando a finales de octubre nombró al general Manuel Cristopher Figuera, en el marco de las fuertes denuncias por la muerte del concejal Fernando Albán, de quien aún quedan dudas de si se lanzó o fue lanzado del piso 10 del edificio de Plaza Venezuela. Luego de descubrir que el general Cristopher fue uno de los cabecillas en la manifestación militar del 30 de abril en apoyo a Juan Guiadó y la liberación de Leopoldo López, Maduro se apresuró a devolver el Sebin a González López, quien regresó con todo el grupo de comisarios que habían sido destituidos por Cristopher Figuera.
El cuarto de los locos
Así llaman los detenidos en la sede principal de la Dgcim, a una celda angosta y lúgubre, donde son llevados los militares castigados. «Se le llama el cuarto de los locos, porque quienes son llevados, salen de ahí como si estuvieran locos», revela un militar que sufrió esa tortura. En ese centro militar se empezó a aplicar una modalidad cruel y violenta desde la llegada del coronel (Ej) Rafael Antonio Franco Quintero, quien encontró apoyo en el mayor (GNB) Alexander Gramcko Arteaga, director de Asuntos Especiales de la Dgcim.
Franco hizo de los tenebrosos sótanos de la Dgcim una especie de campo de concentración, imponiendo normas atroces para anular la voluntad de los detenidos, someterlos, controlarlos y destruirles autoestima. Franco fue sustituido por el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, quien inicialmente eliminó algunas de las praxis aberrantes impuestas por Franco y abrió tímidamente el compás de respeto a los derechos humanos de los detenidos, pero eso duró poco tiempo.
Hace meses que Guerrero Mijares no les permite a los detenidos tener llamadas telefónicas, de manera que aquellos con familiares en el interior del país tienen meses sin comunicarse, porque es difícil trasladarse, por la falta de transporte y porque ni siquiera tienen la seguridad de que se les permita las visitas.
A una anciana de más de 80 años, madre del capitán de navío Luis Humberto De La Sotta Quiroga, no le han permitido ver a su hijo desde hace semanas, porque el coronel Guerrero Mijares tiene el insólito argumento de que hasta que Juan Guiadó no se rinda, su hijo seguirá castigado. Al militar se le olvida el respeto a la dama y a los años. Deja a la anciana durante horas esperando, para finalmente negarle la visita. Tiene varias semanas que no lo ve ningún familiar ni los abogados.
Otro ejemplo es el del mayor Abraham Américo Suarez Ramos, quien hace semanas intentó suicidarse y fue llevado al Hospital Militar de Caracas, de donde lo sacaron, contra la orden médica, y recluido otra vez en los sótanos de la Dgcim, en medio de un cuadro severo de depresión. La familia no fue notificada formalmente, no se lo permitieron ver hasta que regresó a la Dgcim.
Hace unos días nuevamente intentó suicidarse, pero esta vez no fue llevado al Hospital. «Aquí lo curamos, se le hicieron las curas en las heridas, pero está más o menos», fue lo que un custodio le dijo al familiar de otro detenido que preguntó por el mayor.
En los centros de tortura, tanto el Sebin como la Dgcim, hay hacinamiento. Maduro se propone crear un Ministerio que se encargue del control policial y de inteligencia, quizá deba llamarlo el Ministerio de la tortura.
Infobae