Después de casi dos años sin debatir el tema, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados podrían aprobar mañana una iniciativa que impide que cualquier persona con condena firme por delitos de corrupción pueda postularse a un cargo electivo. En Brasil, la ley conocida como «Ficha Limpia» impidió la postulación de Luiz Inácio «Lula» Da Silva a un tercer mandato presidencial.
En Argentina, una propuesta similar había tenido obtenido dictamen en noviembre del 2017, pero el texto acordado en base a los proyectos presentados en ese momento, nunca llegó al recinto, y perdió estado parlamentario. Pero una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma Change.org logró que finalmente se habilitara el debate este año.
La intención de los impulsores de la petición ciudadana era que rigiera para las elecciones de este año, pero finalmente el tema quedó para ser debatido después del cierre de listas de candidatos. «No queremos que nadie piense que está destinado a alguien en particular», había explicado el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, a Infobae en abril pasado cuando se presentó públicamente la iniciativa ciudadana.
Cumpliendo el compromiso asumido ante los promotores de la petición, la semana pasada el diputado del PRO convocó a un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia -que preside su colega Diego Mestre (UCR)- para mañana. La intención de Tonelli es consensuar un dictamen que recoja los principales puntos de los proyectos presentados en los últimos dos años.
Actualmente, en la Cámara baja hay una decena de iniciativas que proponen impedir que cualquier persona que tenga una condena penal, confirmada por otro tribunal superior, pueda ser candidata a cargos de elección popular. Fueron presentadas por distintos diputados de Cambiemos, de Evolución Radical (la fuerza de Martín Lousteau) y por Graciela Camaño, ex Frente Renovador, ahora alineada con Roberto Lavagna en Consenso Federal.
Martín Doñate, del Frente para la Victoria, presentó otro a su vez, pero dirigido a prohibir las postulaciones a cargos electivos de quellos que tengan acciones o funciones directivas en sociedades y fideicomisos en jurisdicciones offshore, de baja o nula tributación fiscal y consideradas «opacas» en cuanto a la información disponible sobre sus verdaderos dueños.
Los textos varían en cuanto a los delitos que alcanzan: mientras que algunos se refieren solo a los de corrupción, otros incluyen el lavado de dinero, narcotráfico, los delitos de lesa humanidad, contra la integridad sexual, y hasta incluso cualquier delito penal doloso (con intención).
Sin embargo, el borrador del dictamen unificado que promueve Tonelli en base a las distintas propuestas, prevé la prohibición de ser electas a personas condenadas por hechos de corrupción en segunda instancia, «hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente». Para eso, propicia la modificación del artículo 33 de la ley orgánica de los partidos políticos Nº 23.298.
Ese texto preliminar ya fue circulado entre los integrantes de ambas Comisiones para su análisis. Incluye los delitos de cohecho (coimas), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, fraude contra la administración pública, y delitos contra la seguridad de la Nación.
«Juego Limpio en la política»
Como cierre de la campaña por una ley de «Ficha Limpia»– que ya reunió casi 252.000 firmas- hoy lunes a las 17, sus promotores realizarán un encuentro público bajo el título «Juego Limpio en la política. La participación, las redes y las candidaturas». La cita es el segundo piso del Anexo de la Cámara de Diputados.
Fue convocado por el promotor inicial de la petición, el licenciado en sistemas Gastón Marra, el analista internacional y profesor de la Universidad Paulista Gustavo Segré y la periodista Fanny Mandelbaum. En ese marco le harán entrega de las firmas recolectadas a Tonelli, que estará presente. «Se trata de un evento ciudadano apartidario», destacó Segré ante Infobae.
Como invitado especial, a través de una videoconferencia, participará el ex juez brasileño Marlon Reis, de la organización civil Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral, y autor de la Ley 135 brasileña. Conocida como «Ficha Limpia», fue la que le impidió Lula da Silva presentarse en las últimas elecciones presidenciales de su país el año pasado.
Paradójicamente, la norma había sido sancionada en 2010, durante el segundo mandato del líder del Partido de los Trabajadores, detenido desde abril del 2018 tras ser condenado por corrupción.
De los distintos paneles, también participarán los abogados Alejandro Fargosi, Eduardo Geromé, Alejandro Drucaroff, María Cristina Girotti y Marcelo Bermolén; el director de la Fundación Avina, Carlos March; la periodista jujeña Rosario Agostini, y su colega y escritor Ignacio Montes de Oca.
Como la capacidad de la sala es limitada, los organizadores solicitaron inscripción previa al correo eventofichalimpia@gmail.com. Según informaron, ya se anotaron 250 personas y hay otras 50 en lista de espera.
El puntapié de la campaña
El disparador de la petición ciudadana que inició Marra fue la posibilidad de que el ex presidente Carlos Menem, se presentara como candidata a senador, pese a que había sido condenado por la Cámara Federal de Casación Penal por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
Fue luego de un fallo de la Corte Suprema que lo habilitó a ser nuevamente candidato en 2017, al sostener que -al haber sido absuelto en el juicio oral en primera instancia – no había tenido lo que se llama el «doble conforme» de la sentencia, respaldada por un Tribunal superior.
El ex mandatario resultó finalmente electo ese año y, desde entonces, pasó a tener fueros parlamentarios que lo protegen de ir preso.
Hoy, el detenido ex ministro kirchnerista Julio De Vido, condenado en primera instancia por la tragedia ferroviaria de Once, busca ser candidato a diputado nacional con la esperanza de contar con la inmunidad de arresto que tenía hasta que la Cámara baja votó su desafuero en octubre de 2017, y salir así de prisión
Se presenta como primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, en representación del Frente Patriótico de Liberación Nacional que postula al polémico periodista Santiago Cúneo – cuestionado por sus declaraciones antisemitas – como candidato a gobernador bonaerense. En competencia como Sergio Massa, De Vido apoya a la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Kirchner para presidente y vice.
Los proyectos presentados
Los proyectos analizados en las Comisiones fueron presentados por los diputados de Cambiemos Silvia Lospenato, Elisa Carrió, Marcela Campagnoli, Marcelo Monfort, Lorena Matzen, Hugo Marcucci; sus colegas de Evolución Radical Carla Carrizo y Brenda Austin; y la diputada Camaño (Consenso Federal).
La mayoría establecen la prohibición de presentarse a cargos electivos en caso de una condena en segunda instancia por delitos de corrupción, lavado de dinero o narcotráfico, a excepción del texto presentado por Austin, que le impide ser candidatos a quienes hubieran sido condenados en una primera instancia.
El proyecto de Carrió extiende el impedimento a las personas condenadas en un juicio oral «a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso».
La diputada de la Coalición Cívica también amplía la prohibición a los procesados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1976 y 1983, delitos contra el orden y la seguridad públicos, lavado de dinero y por delitos contra la integridad sexual. Este último tipo de delitos también fue contemplado, junto a los de corrupción y narcotráfico, por Camaño, quien plantea que la condena haya sido confirmada y revisada, y cuente con el «doble conforme».
En el caso de la iniciativa de la diputada radical Matzen, le impide ser candidatos a las personas condenadas – además de por delitos de lesa humanidad- por femicidio o violencia de género, y a las que se encuentren inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Los textos de Campagnoli y Marcucci, por su parte, amplían la prohibición a las personas condenadas en segunda instancia por delitos penales dolosos, pero de cualquier índole.
En un segundo proyecto presentado este año, la diputada Lospennato -una de las primeras impulsoras del tema en la Cámara de Diputados en 2017 y en cuyo proyecto se basó el primer dictamen ese año- también propone crear un Registro de personas inhabilitadas por el Poder Judicial para ser candidatos a cargos electivos y para ejercer la función pública. El texto dispone que funcionará bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral, en base a la información que deberán proveerle los juzgados de todo el país.
