El contrato de Miguel Galuccio como presidente y CEO de la petrolera YPF establece una cláusula de recisión por una suma de 5,5 millones de dólares, monto que el ejecutivo de la compañía estatal pretendería cobrar de una sola vez (unos 80 millones de pesos).
La primera en salir a cuestionar la pretensión de Galuccio fue la diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer. En una serie de tuits, la legisladora rechazó que se le pague la indemnización y en cambio reclamó que a Galuccio se lo exonere por haber privado a los argentinos de conocer el acuerdo entre la petrolera estatal y Chevron, pese a que la Corte Suprema ordenó –hasta ahora sin éxito– que se muestre.
«No puede ser gratis para un funcionario público o representante del estado violar las normas o actuar en contra de lo que éstas le ordenan. El nuevo gobierno debe asegurar el cumplimiento de la ley y de los fallos de la justicia», escribió la ex candidata presidencial, que pidió a la gestión de Mauricio Macri «terminar con la cultura del secreto».
No fue Stolbizer la única dirigente que se refirió al caso luego de que la cifra que pretende Galuccio para dejar la compañía salga a la luz. La también diputada Alcira Argumedo manfestó asimismo su reprobación en Twitter: «Que Galluccio pida indemnización d USD 5.500.000 demuestra q en el mercado petrolero argentino se acostumbraron a estar por encima de la ley», indicó.
El socialista Rubén Giustinianni, hoy diputado provincial de Santa Fe, eligió la ironía para pronunciarse sobre la noticia: «¿Será el premio por mantener secreto el Contrato YPF-Chevron?», lanzó. En sus tiempos de senador, Giustinianni fue quien requirió a la Justicia que tal convenio se haga público.
