No hay una sola encuesta en poder del Gobierno que demuestre apoyo social mayoritario al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Y tampoco existe un solo miembro del gabinete nacional que asegure el apoyo de los gobernadores peronistas al presupuesto 2019 que incluirá las metas previstas en el memo de entendimiento con el FMI. Sin embargo, y pese a semejante escenario político que pone en jaque su eventual reelección presidencial, Mauricio Macri decidió avanzar en los recortes del gasto público para llegar a la meta del 1.3 de déficit fiscal en 2019, que acordó en junio con el directorio del Fondo.
Nicolás Dujovne mantuvo un nuevo encuentro con el Gabinete Económico y bajó una línea que llegó directamente del despacho presidencial: ningún ministro propondrá medidas con costo fiscal. Esto significa que no habrá propuestas para bajar la carga tributaria y que no se aceptará que los gobernadores no cumplan el pacto fiscal acordado con la Casa Rosada.
«Nuestra prioridad absoluta es la reducción del déficit fiscal y todos los ministros acordamos que nuestro principal objetivo es el equilibrio de las cuentas públicas de la Argentina», aseguró Dujovne.
La propuesta de Dujovne no solo implica bloquear cualquier negociación para bajar un impuesto o una tasa, sino que además ratifica el cuadro tarifario previsto para la luz y el gas. En este sentido, aunque los índices positivos del gobierno son escuálidos, se despacharán las facturas de los servicios públicos con aumentos cercanos al 20 por ciento.
Macri asume que se juega su reelección presidencial, pero ya optó por cumplir con los acuerdos negociados con el FMI. Cree que es más importante restañar la confianza de la Argentina con el mundo –pulverizada en épocas de Cristina Fernández—, y apuesta a levantar su imagen pública cuando cada voto cuente al momento del balotaje. El Presidente no resigna su proyecto de poder: hace una jugada a mediano plazo frente a una situación económica compleja y una oposición peronista con un liderazgo atomizado.
Con la decisión de no bajar impuestos ni aplacar el programa de aumentos tarifarios, el gabinete nacional debe hacer su propio ajuste e incluir este ajuste en el presupuesto 2019. Cada ministro tiene que aportar su reducción del gasto público y al momento de enviar el proyecto presupuestario a Diputados, la cuenta debe dar la cifra comprometida al FMI: 1.3 de déficit para el año próximo.
Con todo, la responsabilidad no es sólo de los ministros. Habrá una poda de partidas enviadas a las provincias que se asignan al transporte. Y el recorte de obra estatal intentará compensarse con los proyectos de Participación Pública Privada (PPP), que funcionó en los primeros cuatro meses de este año. Si los gobernadores no aceptan el recorte de los subsidios del gobierno nacional al transporte provincial, Macri ya tiene decidido asumir esa decisión en soledad: no hay una norma que le imponga cumplir con esa obligación. Es discrecional del Poder Ejecutivo.
Junto a la eliminación de los fondos nacionales destinados a subvencionar a todo el transporte provincial, el gobierno decidió traspasar AYSA a la provincia de Buenos y la Capital Federal. El ahorro es mínimo, pero todo suma para alcanzar la meta del 1.3 de déficit fiscal para 2019.
Macri sabe que camina por un estrecho desfiladero. Y que su apuesta a cumplir con las metas del FMI pueden poner en peligro su reelección presidencial. Eligió respetar su promesa formal ante Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Rusia, Canadá, Brasil, México y Gran Bretaña, que fueron claves para lograr el acuerdo con el Fondo. A fines de 2019, Macri podrá evaluar si su decisión fue correcta. Por estas horas, el margen es mínimo.
