Todo se inició a mediados de diciembre luego de una conversación en donde una persona indicaba que necesitaban hacerse un test rápido de antígenos para presentar debido a un trámite personal, y otra le decía que conocía a alguien que los «hacía más baratos» y le pasaba un número de teléfono. Esto llegó hasta las autoridades de la institución de salud, que al revisar las cargas de resultados descubrieron que dicho enfermero, había encargado varios resultados negativos cuando no estaba autorizado a hacerlo.