Senado podría sumarse a la política antinepotismo lanzada por el presidente Mauricio Macri. Esa es la idea que baraja la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien tendría decidido proponerles a los bloques políticos que integran la Cámara alta «hacer un gesto a la sociedad» en línea con la medida tomada por la Casa Rosada.
Sin embargo, la posiblidad de impedir la extendida práctica de los legisladores de colocar a sus familiares en la planta permanente del Congreso no es una medida que pueda tomarse a sola firma. Es que la traslación al Poder Legislativo de una medida como la tomada por Macri en el Poder Ejecutivo no depende solo de los presidentes de ambas cámaras, sino que requiere del consenso de las fuerzas políticas con representación legislativa.
«Esto depende de un acuerdo político. Por eso la idea de Gabriela es proponerles a los presidentes de bloque hacer un gesto a la sociedad en la primera reunión de labor parlamentaria del año», explicó un colaborador de la vicepresidenta. En otras palabras, habrá que esperar hasta marzo próximo, cuando comenzará un nuevo período de sesiones ordinarias y se reanude la actividad legislativa.
Esta necesidad de consenso abre el interrogante sobre la posibilidad de que una medida de ese calibre pueda prosperar, aunque más no sea en una de las cámaras legislativas.
Mucho más cuando el decreto del Poder Ejecutivo generó adhesiones y críticas casi por igual en todo el arco político, incluso al interior del propio oficialismo. Así, María Eugenia Vidal se sumó con entusiasmo a la jugada. Sin embargo, dos intendentes de Pro, como Víctor Aiola (Chacabuco) y Carlos Arroyo (General Pueyrredón), rechazaron seguir el mismo camino.
A esta dispersión hay que sumarle la fuerte resistencia que suele asomar en la clase política ante este tipo de cambios, como quedó en evidencia con la negativa de varios senadores a aceptar que los empleados de sus despachos sean alcanzados por el sistema biométrico de control de asistencia que comenzó a aplicarse a principios de mes en la Cámara alta.
Derechos adquiridos
Como la medida dependerá de un acuerdo político, todavía es una incógnita su alcance o la forma en que se instrumentará. Lo único que se sabe por el momento es que no podrá afectar derechos adquiridos.
«La idea es hacer un punto cero, respetar lo que ya está», comentó a LA NACION un funcionario del área administrativa del Senado.
En otras palabras, los familiares de legisladores que ya tienen un lugar en la planta permanente del Senado, que son varios, mantendrán esa prerrogativa.
Según confiaron voceros legislativos, Michetti y el presidente de Diputados, Emilio Monzó (Pro-Buenos Aires), tienen avanzado el borrador de una resolución que impedirá ser empleados a aquellas personas que tengan parentesco directo con el personal jerárquico de ambas cámaras (cargo de director o superior).
En este caso sí alcanzaría con la firma de los presidentes de ambas cámaras para hacer efectiva la medida, ya que tienen delegada por los legisladores la facultad de tomar medidas de índole administrativo.
Hasta el momento, la cuestión de los familiares no es un tema que concite la atención de la agenda legislativa, congelada por la decisión del Poder Ejecutivo de no convocar a sesiones extraordinarias durante el mes de febrero.
Sin embargo, hay un tema que viene haciendo ruido desde que el año pasado el Presidente lo usó como ejemplo de derroche de fondos públicos. Se trata de la Biblioteca del Congreso, cuya administración depende de una comisión especial integrada por seis legisladores (tres diputados y tres senadores) cuya presidencia es anual y rotativa entre ambas cámaras.
Macri calificó como «escandaloso» el número de 1750 empleados que tiene la Biblioteca, provocando la queja y reacción de los gremios estatales y de su anterior presidenta, la diputada kirchnerista María Teresa García.
Sin embargo, García perdió la banca, es legisladora bonaerense desde diciembre, y ahora la conducción de la Biblioteca pasará a manos de un senador de Cambiemos. Todo indica que será el radical Juan Carlos Marino (La Pampa), quien ya tiene en mente llevar adelante un plan de reestructuración y corte de gastos que incluiría el cierre del «bar cultural» abierto por la administración kirchnerista.
Gustavo Ybarra/La Nación
