Nuevas pruebas ensombrecen el futuro judicial de Milagro Sala. Esta vez una cooperativa de trabajo vinculada a la líder de la Tupac Amaru está en la mira por el discrecional manejo de fondos millonarios. Se trata de la Cooperativa Pibes Villeros Ltda., que percibió del gobierno nacional más de 32 millones de pesos en diciembre de 2015 a pesar de acusar una facturación mensual que ronda los 500 mil pesos. Pocos días después retiró casi la totalidad del dinero depositado en el Banco Nación. El monto total involucrado en las maniobras ilegales podría ascender a los 700 millones de pesos.
Infobae tuvo acceso a una de las evidencias incluidas en una nueva denuncia del fiscal Mariano Miranda, que da cuenta de la inusual operatoria. Es el resumen bancario de la cuenta Nº 4881694934, que se obtuvo luego de una serie de allanamientos realizados en la sede de la Tupac Amaru.
En el documento constan una serie de depósitos realizados con cheques durante los primeros días de diciembre. El primero está fechado el 2 y es por un valor de $5.325.000, el segundo por $10.650.000. El día 3 hubo una extracción de 14 millones de pesos. Otro depósito de 14.684.540 de pesos fue realizado el 4, apenas días antes de que Cristina Kirchner terminara su mandato. El 9 de ese mes se retiró por caja la suma de 14 millones cuyo destino permanece incierto.
La cooperativa que se fundó en 2003 tiene como finalidad la reparación y construcción de viviendas, pero en los movimientos de los resúmenes no se observan erogaciones ni transferencias a trabajadores asociados, compras de materiales o movimiento comercial vinculado a las funciones específicas de la organización.
La cuenta aparece vinculada a tres clientes que pertenecen al movimiento social liderado por Milagro Sala: Javier Rosario Rivero, Iván Dante Altamirano y Patricia Margarita «Pachula» Cabana. Esta última relató en una reciente entrevista publicada en Página/12 cómo fue su acercamiento a la Tupac y a Sala, a quien reconoce como su mentora.
Los fondos provenían del Ministerio de Planificación Federal y se giraron en el marco del «Convenio Mejor Vivir» para la construcción de inmuebles y mejoras habitacionales. El plan era instrumentado a nivel local por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy cuyo ex presidente, José Lucio Abregú está imputado como partícipe de una asociación ilícita liderada por Sala destinada a desviar fondos de viviendas sociales que nunca se realizaron.
En el expediente judicial de esa denuncia se alude al mecanismo por el cual, contrariando los requisitos impuestos por los convenios, se libraban los pagos a cooperativistas que respondían a la Tupac sin ninguna documentación respaldatoria que permitiera controlar las obras.
Las organizaciones también estaban obligadas a abrir cuentas bancarias específicamente destinadas a los proyectos pero, en su lugar, recibían cheques por sumas millonarias contra entrega de facturas que eran girados a cuentas en los bancos Nación y Macro. El de Pibes Villeros sería un caso más que engrosa la lista de irregularidades en los planes de vivienda financiados por el Estado.
Marina Dragonetti/Infobae
