La detención ocurrida este sábado de la piquetera Milagro Sala en Jujuy pasó a ser un punto más en su largo historial en la Justicia. La dirigente de la Tupac Amaru y diputada del Parlasur tiene más de 60 causas que por un motivo u otro prescribieron.
Siempre se las arregló para salir indemne y en muchas oportunidades logró evadir a la Justicia. A veces alegó enfermedad o, como sucedió en una caso puntual, se declaró imposibilitada de rendir cuentas por tener que visitar al Papa Francisco. Sin embargo, aún mantiene cinco frentes judiciales abiertos.
El primero es por el cual fue detenida en su casa de la capital jujeña. Tras un allanamiento quedó alojada en la comisaría de la mujer, acusada de instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real a raíz de la denuncia que hizo el Ejecutivo provincial.
Es que la piquetera organizó la instalación de un campamento desde hace varias semanas frente a la Gobernación de Jujuy en rechazo al reaordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas que planteó el nuevo gobierno del radical Gerardo Morales. Su agrupación lideró a las cooperativas que no acataron el ultimatum que lanzó el gobierno provincial el jueves y lo desafió con la continuidad de de la protesta.
Otra de las causas que sobresalen es la de la violenta agresión contra Morales, cuando era senador nacional. Es de los expedientes más avanzados y data de 2009. Enfrenta acusaciones por varios delitos, entre ellos «daño agravado y amenazas», los cuales prevén una pena de hasta seis años de prisión.
En este caso, Sala realizó una presentación en contra de la resolución del Tribunal Oral que rechazó el pedido de probation. La Cámara de Casación analizó la solicitud pero tampoco la concedió. Ahora deberá enfrentar un juicio oral y público.
Asimismo, está acusada de evasión fiscal. En este caso, la fiscalía promovió una acción penal por eludir sus responsabilidades impositivas pero el juez responsable aún no la procesó. La causa sigue abierta y aseguran está en condiciones de avanzar.
El cuarto expediente es por enriquecimiento ilícito: se le requirió que justifique un aumento patrimonial entre 2005 y 2009 donde se encontró una propiedad en Dique la Ciénaga valuada en $3.000.000.
Por último, la acusan de haber amenazado de muerte a dos policías el 13 de octubre de 2014. Según dijo la dirigente en aquel momento, les dijo que “les metería una bomba y los haría volar” en la comisaría en la que prestan servicio.
El abogado de los efectivos explicó que ya hicieron el pedido solicitando a juez de causa que arbitre los medios necesarios para cumplir con la etapa procesal. «Este es el clima que se vive en Jujuy hace tiempo: entre odio y atropello. Es una jefa de una organización paraestatal», dijo el letrado.
