Los últimos pespuntes del acuerdo-reformista-permanente le terminaron poniendo nervio y suspenso a algo que parecía cerrado. Lo complicó el enredo de los tiempos de un fin de semana largo, que además enmudeció a todos por la desgracia colectiva del submarino que no aparecía. El tumulto comprometió el trámite de los tres proyectos más importantes de todo el pacto: la reforma fiscal, la laboral y la previsional, que constan en las carpetas que duermen desde la madrugada del sábado hasta mañana, en la casilla del correo electrónico del Senado.
El texto final de esa iniciativa sigue en la clandestinidad de la blogósfera, apenas al alcance de un selecto grupo de funcionarios y legisladores a quienes el Gobierno les comunicó, cuando amanecía el sábado, que ya estaban enviados a un Congreso en receso hasta el martes, por el feriado largo. A esa red (controlada desde el whatsapp de la Jefatura de Gabinete por la ex diputada Paula Bertol, enlace del Ejecutivo con el Congreso), le interesaba que los proyectos llegaran por lo menos a los legisladores. ¿Hacía falta eso? Claro, porque el Senado cerró sus puertas a medianoche y levantó la guardia que esperaba los proyectos. Esa demora hizo estallar las especulaciones de que algo raro estaba pasando, y era necesario que algunos tuvieran letra para ir adelantando el debate.
La letra del acuerdo laboral
Hasta esa hora la acción estaba en dos sedes, la Secretaría Legal y Técnica, y el Ministerio de Trabajo. En la oficina de Pablo Clusellas, que se había anotado para estar el fin de semana largo en la zona de Chapadmalal por su condición de amigo presidencial, los abogados leían y releían la última versión de la reforma laboral que había enviado Jorge Triaca. Los abogados del Ministerio de Trabajo habían discutido con empresarios y sindicalistas una letra fina que la redacción final que Legal y Técnica no podía defraudar. Temían que el acuerdo cerrado en el edificio de Leandro Alem (sede de la oficina de Triaca) fuera interceptado por las presiones del sector empresarial, que tiene llegada por alguna diagonal, al área presidencial.
Clusellas aportó al cierre del debate cuando dictaminó que, ante cualquier diferencia, los interesados, sindicalistas o empresarios, vayan a decir su verdad al Congreso: “Si seguimos demorando esto, la conversación sobre la reforma no va empezar nunca más”. Para los que siguen estas escabrosidades de la reforma: los sindicalistas y los empresarios pelearon hasta el final el texto de la reforma del artículo 245 de la ley de Contrato de Trabajo que habla de indemnizaciones por despido sin causa. El cálculo de las indemnizaciones incluirá, según el nuevo proyecto, comisiones y horas extra, pero no aguinaldos, bonos de fin de año o los “perks” como el pago de cocheras. Presionaron los viajantes y el sector de Comercio, cuyos trabajadores integran sus ingresos con las comisiones por las ventas, por ejemplo, en los shoppings. Sigue siendo un tema por discutir en el Congreso.
El drama del submarino empañó el golf en Tulsa
La crisis del submarino estrechó más el círculo de acompañantes de Macri en Chapadmalal, reservado para los amigos del golf y unos pocos funcionarios, entre ellos Fernando de Andreis, responsable de esas amenities presidenciales como la residencia marítima. Estaba en zona porque pensaba visitar un campo familiar -es nativo del circuito de mar y sierras- y tiene que conversar con el Presidente sobre las dos cumbres de funcionarios que se convocarán para el mes próximo.
Durarán una semana, y estarán dedicadas una a los que tienen cargos nacionales, y otra a los de la provincia de Buenos Aires. Más allá de la extensión del cónclave, no hay todavía fecha. La espera de alguna noticia del submarino acotó también la agenda de los amigos que se acercaron a Chapadmalal para jugar algún torneíto en los links de Tulsa, del Golf Club Mar del Plata. Es la única cancha en la que puede desplazarse uno en carrito, algo que prefiere Macri, que no termina de reponerse de la operación en la rodilla.
Nace un ministerio paralelo de obras sociales
El otro tema que enredó el proyecto fue la integración del nuevo ente que controlará el flujo del dinero que se recauda con destino a la atención de la salud. Se trata de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, un ente técnico pero loteado entre el Gobierno y los sindicalistas, que administrará con nuevo criterio algo que hasta ahora estaba sumido en la discrecionalidad de los gobiernos y sus negociaciones con los gremios. Es parte del demoradísimo acuerdo con los sindicatos para descongelar los montos retenidos por el Poder Ejecutivo, para el fondo que creó el gobierno de Eduardo Duhalde para atender emergencias médicas, detrayendo un porcentaje de lo que se recauda con destino a las obras sociales. Los gobiernos de los últimos 15 años retuvieron ese dinero que según los gremios llega a los $ 20.000 millones.
Estos fondos eran el rehén de los gobiernos para negociar la paz sindical. Igual fueron el motivo de la crisis de las CGT con Cristina de Kirchner y del despido de Hugo Moyano del Gobierno, cuando ella obtuvo la reelección. Mauricio Macri y Daniel Scioli hicieron promesas de campaña para la devolución, y el ganador está cumpliendo, también a cuentagotas. Ahora, esta suelta de fondos, con un complejo sistema de reparto y diversos destinos, pasará por esa Agencia. Ocupar la directiva de ese ente será una de las peleas que animará el verano. Será uno de los órganos políticos de mayor importancia, ya que servirá de regulador de las relaciones entre gobiernos y sindicatos, y será objeto de un loteo multipartidario.
La demora del viernes por la noche estuvo motivada en que la idea del Gobierno era sacar la agencia por un DNU. Los abogados lo pensaron dos veces y redactaron todo el Título III del proyecto de nuevo, para que saliese por ley. Por supuesto que en tráfico de emails entre Legal y Técnica y el Ministerio de Trabajo subían y bajaban las palabras, que eran repuestas a vuelta de correo, y así hasta la madrugada.
Los enojos del Sr. Buryaile
La agencia será el primer trajín del nuevo ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que jura mañana junto al nuevo titular de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Este reencuentro del Gabinete hay que mirarlo a la luz de los ajustes de cuentas entre los socios de Cambiemos, que encabeza el formoseño Ricardo Buryaile, que dio el portazo a la embajada en la Unión Europea, que le habían vaciado para él, enviando a Mario Verón Guerra a París. Buryaile estaba herido desde el cierre de las PASO; se consideraba mejor candidato a senador que el radical Luis Naidenoff, con quien compite por el rol de opositor Gildo Insfrán. Sacarlo de la candidatura era demorar esa pelea, pero por lo menos le mantenían el ministerio. La segunda herida fue la exaltación de Luis Etchevehere como vocero del Gobierno en el discurso de la Rural. Habló como si fuera un ministro.
Cuando lo sacaron del cargo ya no le quedaron dudas de que lo apartaban de la carrera política, y lo archivaban en Bruselas. La mesa chica de entornistas de Macri lo consideraba vueltero, y con un ritmo lento que no era compatible con el nervio que quiere ponerle el presidente a sus ministros. Un testigo que no se pierde ningún detalle me llegó a decir: “Ricardo creo que hasta lo aburría a Mauricio. Mauricio es de pocas palabras y si te extendés demasiado, mejor que cambies de tema, porque se te aburre el hombre. En eso son unos maestros los amigos de él, como Cabrera, que le tiene medido el tiempo”. Quede para la ficha. Buryaile justificó la salida en que tiene una situación delicada que atender en su familia. Pero eso no es de ahora. Alguno que mira todo, agregó que Mauricio nunca lo llamó a hablar a solas cuando lo despidió del Ministerio, y eso colmó toda la paciencia del saliente Buryaile.
También convocó a tuneleros otro proyecto, igualmente discutido, y que será el que más le va a costar al Gobierno imponer en el Congreso. Es el que pondrá a prueba la solidez política del acuerdo con la oposición, porque crea una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones. Como la Suprema Corte mandó a decir que con la inflación no alcanzaba, sesionó hasta la madrugada del sábado un comité que parió el nuevo sistema:jubilación más un 5% del porcentaje del crecimiento (o no) del PBI, calculado a junio de cada año (más información en páginas 6 y 7). Ese comité estuvo encerrado todo el jueves y el viernes, lo que les impidió ocuparse de otras actividades, como asistir en la noche del jueves al cumpleaños del funcionario provincial Augusto Rodríguez Larreta, hermano del gobernador porteño, que festejó en un salón de Palermo con un padrón acotado de amigos, funcionarios y empresarios.
Luciano Laspina, diputado del PRO. Trabajó en la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
El grupo que creó este CER para jubilados lo integraron delegados del Congreso, Ministerio de Hacienda, de Trabajo, del PAMI y de ANSeS, pero el invento tiene nombre, apellido y militancia: el diputado PRO Luciano Laspina, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y Rodrigo Pena, secretario de Hacienda, ligado al radicalismo de Ernesto Sanz, a quien asesoró en el Senado antes que el propio Nicolás Dujovne. A ellos se les ocurrió esta fórmula que desmenuzará la oposición peronista cuando se discuta en el recinto. El tema jubilados da para hacer demagogia, y más cuando se trata de discutir sobre quimeras de futuro, como son estos índices que se harán con precios y valores que nadie conoce, porque pertenecen, precisamente, al futuro que, como dice Octavio Paz, es tan irreal como la eternidad.
Laspina es también el gerente discreto de otro invento que el futuro pondrá a prueba. Junto a Juan Manuel Abal Medina, senador que se va, es el responsable de la integración de la Comisión de Presupuesto del Congreso que, cuando funcione, será un cuarto poder en serio, más que la prensa y los fiscales, que siempre quisieron ser un extra-poder (se los impidió la última reforma constitucional, que los puso en un limbo). Esa oficina la creó una ley de diciembre del año pasado, y es un viejo sueño de dos repúblicos del presupuesto, Raúl Baglini y Oscar Lamberto (hoy presidente del colegio de auditores de la Auditoría General de la Nación). Baglini manejó, siendo legislador y después de serlo, una oficina de control presupuestario que era consultada de manera informal por todos los bloques. Este radical, a quien Raúl Alfonsín calificó alguna vez de “genial”, promovió durante años la creación por ley de esa Comisión, como también Lamberto y otro dirigente conservador, el mendocino Carlos Balter.
Ahora que cierra el año legislativo, se están terminando los concursos. La decisión final la tiene el jurado que integran, además de Laspina y Abal, los senadores Julio Cobos y Jaime Linares, más los diputados Diego Bossio y Marco Lavagna. Se presentaron decenas de postulantes, pero para el cargo de director general quedaron sólo 13. En estas horas se ungirá al ganador y a los cuatro directores sectoriales, y las apuestas se concentran en el nombre de Marcos Makón, a quien todos consideran imbatible por sus antecedentes. Los demás cargos respetarán un prolijo loteo partidario. Makón fue funcionario en Economía bajo el gobierno Menem-Cavallo, pasó al Frepaso y fue funcionario de De la Rúa como una semana, de ministro de Desarrollo Social en reemplazo de Graciela Fernández Meijide. Ha sido consultor internacional, se anotó y está en la categoría “sale o sale”.
En la función tiene el rango de prosecretario legislativo; será una especie de ministro de Hacienda paralelo, porque la oficina va a tener mucho poder. Se inspira en el modelo de los EE.UU. en donde hay oficinas del Presupuesto en la Casa Blanca y también en el Congreso, con atribuciones que han crecido hasta convertirse en un poder suprapartidario. Precisamente porque puede ponerse por encima de los intereses de las partes.
En el rango de los cambios por el fin de ciclo, entran las peleas de clase en el Congreso por ocupar éstos y otros espacios, quizás en pujas más pedestres. A algunos legisladores nuevos se les reconocen ciertas precedencias, a otros no. Cristina de Kirchner, que entra con muchos votos, pero pocos amigos, le toca la oficina de Santa Cruz que deja la cuñada de su hijo, Virginia García, en el cuarto piso del Palacio. No extrañará mucho porque es el mismo despacho que ocupaba ella cuando era senadora por Santa Cruz.
En Diputados, por ejemplo, hay orden de achicamiento para bloques que se estrechan, como el peronismo cristinista, que pierde legisladores conspicuos como Héctor Recalde, Diana Conti o Carlos Kunkel. Entra Daniel Scioli, que ya tiene un despacho asignado, no en el anexo de enfrente, adonde suelen ir los debutantes. Primero, que él ya fue diputado; segundo, que Emilio Monzó le aplica una norma: todo aquel que fue gobernador tiene despacho en el Palacio, no en el Anexo. ¿Y Felipe Solá, que también fue gobernador, dónde lo tiene? Tiene un despacho en el Palacio pero lo ocupa Graciela Camaño, que conduce el bloque del Frente Renovador.
Ignacio Zuleta/Clarín
