Oscar Parrilli sería procesado este lunes por encubrir a Ibar Esteban Pérez Corradi. La Justicia tiene indicios de que el ex jefe de inteligencia del kirchnerismo tenía datos precisos sobre el lugar en donde se escondía el empresario señalado como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez y no hizo nada para detenerlo pese a que era buscado por la Justicia.
Pero no es su situación procesal lo que más le preocupa al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Lo que le quita el sueño es la posibilidad de que se filtren más conversaciones con su jefa. En esta nota hay malas noticias para él.
Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Infobae que hay nuevas escuchas en donde se oye a Cristina Elisabet Kirchner impartir instrucciones rayanas con la ilegalidad. En el expediente que instruye el juez federal Ariel Lijo e interviene el fiscal Guillermo Marijuan, hay transcripciones que le atribuyen a la ex Presidente algunas frases inquietantes.
«Hay que terminar con este psicópata, llamalo a Martín y que se mueva para apretar a jueces y fiscales para que citen a (Antonio) Stiuso», es una de las directivas que la ex mandataria le bajó a su hombre de confianza en una de las conversaciones.
Los 88 cds con grabaciones -que aún están en poder de la AFI- aportan otros datos que llamaron particularmente la atención de los empleados del Juzgado Criminal y Correcional Federal 4. Por ejemplo, en una de las llamadas se escucha a una CFK muy enojada hacer referencia a Miguel Ángel Pichetto como «un traidor hijo de puta».
Pichetto fue líder del bloque del Frente para la Victoria en el Senado durante la gestión de Cristina Kirchner. Aún hoy lidera la bancada integrada en parte por legisladores que responden a la ex Presidente. Sin embargo, cada vez que le preguntan por su ex jefa habla de un «ciclo agotado».
Aparentemente Pichetto no es el único peronista con el que la ex mandataria está enojada. De otra manera no podría entenderse otro diálogo que está en la causa. «¿Vas a ir al Congreso del PJ? Lo eligieron a Gioja Presidente», interpeló Parrilli. Y la ex jefa de Estado contestó: «Ni en pedo, que se suturen el orto».
Las escuchas fueron autorizadas por Lijo el año pasado en el marco de la causa que investiga la protección que habría recibido Pérez Corradi desde el gobierno kirchnerista. La denuncia que impulsó la pesquisa, realizada por Graciela Ocaña, indicaba que la AFI de Parrilli había recibido información sobre el paradero el empresario que estaba prófugo en Paraguay y no hizo nada para ir a buscarlo. Cuando Pérez Corradi fue detenido -ya durante la gestión de Cambiemos-, se corroboró la veracidad de los datos que la ex Side había desestimado.
Días atrás se divulgó uno de los audios en el que CFK trata a su hombre de confianza de «pelotudo». Tras la filtración, Parrilli y la ex Presidente denunciaron que son víctimas de espionaje ilegal. Sin embargo, el ex jefe de la AFI conocía la existencia de las grabaciones desde el 21 de octubre de 2016 cuando una de sus abogadas retiró del juzgado una copia de 50 compactos con las escuchas. Una semana más tarde la misma abogada se llevó los otros 38 discos. Desde ese día el otrora secretario general de la Presidencia sabía que habían interceptado sus comunicaciones y no se pronunció al respecto.
Actualmente los letrados del ex funcionario presionan para que las grabaciones sean destruidas. Dicen que pasaron más de 90 días desde que la línea telefónica del asistente de Cristina Kirchner dejó de estar intervenida y alegan que la jurisprudencia avala la solicitud porque se trata de una precausa. Fuentes judiciales rechazaron el argumento porque es evidente que hay una investigación judicial en marcha y están convencidos que de las grabaciones podrían surgir datos relevantes para otras investigaciones.
De hecho, el diálogo revelado por Infobae en esta nota donde CFK pide «apretar» jueces y fiscales podría ser interpretado como un elemento de entorpecimiento del accionar de la Justicia por otros magistrados que ya procesaron a la ex mandataria pero descartaron dictarle la prisión preventiva.
Tal es el grado de relevancia que Lijo le da a estas grabaciones que en los próximos días tiene previsto entregarle una copia a su colega Sebastián Casanello, que entiende en una denuncia realizada por Marijuán para que se investigue si Cristina Kirchner incurrió en los delitos de «abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público» en virtud de la charla en la que pregunta por las causas que le «armaron» a Stiuso. En este expediente la ex jefa de Estado recibió un guiño del destino: su ex colaborador Franco Picardi será el fiscal encargado de determinar si la imputa o no.
