El jueves por la tarde, un grupo de móviles de la Policía Bonaerense acudió tras un llamado al 911 a la Comisaría de la Mujer en Florencio Varela sobre la calle Sargento Cabral, a pocos metros de la avenida Calchaquí. El problema era un hombre de su propia fuerza.
Rubén Darío García, con rango de sargento, miembro de la división Motorizada de Quilmes, acababa de dispararle en el muslo derecho a su pareja de 19 años de edad que se dirigía a denunciarlo dentro de esa Comisaría.
El sargento fue reducido: solo hizo falta un poco de fuerza armada. Un teniente que estaba allí dentro de la Comisaría salió al cruce. García, de acuerdo a fuentes policiales, ignoró la voz de alto y le disparó. El teniente disparó de vuelta: la bala rozó el pie derecho del sargento, dejándolo inmóvil.
La pareja de García fue derivada al hospital Mi Pueblo en Varela, y está fuera de peligro.El sargento fue aprehendido, imputado por resistencia a la autoridad, abuso de arma y lesiones, con una causa a cargo de la UFI N°4 de la jurisdicción. Pero lo que podría haber sido un femicidio enmarcado en una gravedad institucional absoluta es parte de un problema mayor dentro de la Bonaerense misma.
El Observatorio de Violencia de Género que depende de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó un informe estadístico durante el año pasado para contabilizar los casos de violencia de género y familiar en todo el territorio provincial durante los períodos de 2014, 2015 y 2016. El informe basó sus números en información de las Comisarías de la Mujer y de la Familia en el territorio, así como las causas judiciales iniciadas por protección contra violencia familiar en Juzgados de Familia y causas penales remitidas por la Suprema Corte. El informe apuntó, por ejemplo, más de 95 mil causas en el Registro Penal de Violencia de Género de la Procuración para el año 2016 y más de 215 mil personas denunciadas de acuerdo a la Superintendencia de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad. El Ministerio a cargo de Cristian Ritondo, por otra parte, también aportó información sobre los suyos.
La Auditoría General de Asuntos Internos entregó información sobre los más de 95 mil efectivos que componían la Policía Bonaerense hasta enero de 2017, 55 mil de ellos de sexo masculino. De acuerdo al informe, «2252 agentes de la fuerza se encontraban bajo investigaciones administrativas» con 1835 sumarios que fueron iniciados entre 2015 y 2016. En el 13% de los hechos se utilizó el arma reglamentaria que la fuerza provee a sus efectivos. Hasta el momento de la entrega de los datos, unos 1815 sumarios seguían sin sanción. Apenas 20 si la tenían.
¿Hay un perfil para el policía provincial violento? Más de 300 de los efectivos denunciados -el segmento mayoritario- tenían de 30 a 39 años. Los efectivos de 20 a 29 fueron menos, 207. La mayoría de los denunciados, por otra parte, tenía de 1 a 15 años de antigüedad dentro de la Bonaerense.
De una muestra de 1286 casos, el 42 por ciento de los denunciantes fueron las parejas de los efectivos quienes elevaron el reclamo, las ex parejas en un 28 por ciento, con solo siete casos de colegas dentro de la fuerza. El principal tipo de violencia ejercido es el psicológico, que figura en un 57 por ciento, con un 38 por ciento de hechos denunciados que incluyen violencia física.
La violencia física, por su parte, es ejercida en un 95 por ciento en el ámbito familiar.Un 32 por ciento de los casos en que se reportó violencia sexual, una minoría, involucraron al lugar de trabajo de la víctima. De ocho femicidios presuntamente cometidos por policías y registrados por Asuntos Internos en el período analizado solo una víctima era esposa del acusado y solo una su ex pareja, una cifra que contrasta fuertemente con el resto de las estadísticas que ubican a las parejas como denunciantes.
La gestión Ritondo, por su parte, creó una forma de lidiar con el problema: instauró la Dirección de Políticas de Prevención, Género y Derechos Humanos, encabezada por una psicóloga civil, sin rango policial, y que trabaja de forma interdisciplinaria con el Ministerio de Justicia y con la Secretaría de Derechos Humanos provincial. Ante cada denuncia se aplica un protocolo, afirman fuentes ministeriales, que es paralelo a la investigación sumarial contra el policía y que incluye un acompañamiento a la víctima que lo denuncia.
La pareja del sargento García es una entre tantas. De vuelta en las más de 120 Comisarías de la Mujer en toda la provincia, el número de denuncias presenciales está en ascenso.»En el año 2015 la cantidad de denuncias ascendió a 195.037, con un promedio de 535 por día.
En el año 2016, se denunciaron 215.807 personas por violencia familiar, es decir un promedio de 591 personas denunciadas por día», asegura el informe de la Defensoría del Pueblo. La infraestructura para acompañar a las víctimas, asegura la Defensoría, es insuficiente.
