Con la detención el sábado de su ex ministro de Defensa y Casa Civil, el general Walter Braga Netto, el círculo se estrecha en torno a Jair Bolsonaro, que corre el riesgo de ser el próximo en ir a la cárcel en caso de que también sea acusado de obstrucción a la justicia, como ocurrió con el general detenido en Rio de Janeiro en la investigación sobre el intento de golpe de Estado de 2022 para impedir la investidura de Lula como presidente. A finales de noviembre, en la operación ‘Anti-Golpe’, ya habían sido detenidos un general del ejército, Mário Fernandes, ex secretario ejecutivo de la Presidencia de la República en el gobierno de Bolsonaro, tres militares y un policía federal entre Rio de Janeiro y Brasilia. Se les acusa de haber preparado un plan, desde noviembre de 2022, para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a su adjunto Geraldo Alckmin el 15 de diciembre de 2022, es decir, antes de su toma de posesión el 1 de enero de 2023. Alexandre de Moraes, ahora juez del Supremo Tribunal Federal (STF) y en la época de los hechos presidente del Supremo Tribunal Electoral (STE), también estaba entre los objetivos del grupo.
Según la acusación, el ex ministro de Bolsonaro trató de averiguar el contenido del acuerdo de culpabilidad firmado por la ex mano derecha del presidente, Mauro Cid, con la Policía Federal, poniéndose en contacto con su padre, el general Mauro Cesar Lourena Cid. De hecho, fueron las nuevas declaraciones de Mauro Cid, que cambió su versión y añadió detalles importantes a cambio de un acuerdo con la justicia, las que agravaron la posición de Braga Netto. Según la acusación, el general se habría puesto en contacto con el padre de Cid para dar una versión alineada y coherente de los hechos, obtener datos confidenciales y mantener informadas a las demás personas implicadas. Un documento con preguntas y respuestas sobre las acusaciones de Mauro Cid fue encontrado por la Policía Federal en la sede del Partido Liberal (PL), en el escritorio del asistente de Braga Netto, Flávio Peregrino Botelho. El nombre del general había sido mencionado 95 veces en la acusación de la Policía Federal enviada al Supremo Tribunal Federal (STF) a finales de noviembre. Además de él, fueron acusados en el documento unos 40 militares y el expresidente Jair Bolsonaro, definido por los agentes como quien “tenía el control directo sobre la intención del golpe de Estado en Brasil”.
Para la Policía Federal, Braga Netto, uno de los leales al ex presidente, fue el artífice del supuesto plan golpista, “el cerebro responsable de hacer operativo el golpe”. El general debía integrar un Gabinete Institucional de Gestión de Crisis inmediatamente después del golpe debido al carisma que tenía entre los militares. Ex ministro de Defensa y Casa Civil del gobierno de Bolsonaro, fue en su casa que se realizó una reunión el 12 de noviembre de 2022, a partir de la cual, según la Policía Federal, comenzaron una serie de mensajes y actividades “sospechosas” con el objetivo final de matar a Lula. En la acusación que condujo a la detención de Braga Netto, surgió otra información, a saber, que en esa reunión el general entregó al mayor Rafael de Oliveira dinero en un bolso utilizado normalmente para regalar vino. Este dinero habría servido para financiar las actividades de vigilancia de los golpistas contra las víctimas que se pretendía atacar. Además, Braga Netto, según la investigación, presionó a los entonces comandantes de la Fuerza Aérea y del Ejército para que se unieran al plan. La defensa del general rebatió las acusaciones. En un comunicado emitido inmediatamente después de la detención, sus abogados afirmaron que sólo se manifestarían después de “tener pleno conocimiento de los hechos que dieron lugar a la decisión adoptada”. No obstante, subrayaron que “con la convicción del debido proceso legal, tendremos la oportunidad de demostrar que no hubo obstrucción a la investigación”.
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Impacto político
El impacto político de esta detención es tan importante que el país se ha dividido literalmente en dos. Están los que defienden al general y los que lo acusan, de los distintos campos políticos. Bolsonaro, que había elegido a Braga Netto como su adjunto en las elecciones presidenciales de 2022, esperó unas horas antes de comentar el caso en sus redes sociales. “Hace más de 10 días la investigación fue concluida por la Policía Federal, acusando a 37 personas, y fue enviada al Ministerio Público. ¿Cómo puede alguien ser arrestado hoy por obstruir investigaciones ya concluidas?”, escribió Bolsonaro. Su adjunto, el general Hamilton Mourão, ahora senador del partido Republicanos en el estado de Rio Grande do Sul, también salió en defensa de Braga Netto, diciendo que “no representa ningún riesgo para el orden público”. “Su detención no es más que una nueva página en la violación de las normas jurídicas a las que está sometido Brasil”, añadió. También son críticos algunos juristas como Andrea Marsiglia, según el cual “no hay ningún hecho nuevo que demuestre que existe obstrucción a la investigación en este momento. La detención preventiva no es un castigo, sino una medida para garantizar la integridad de la investigación. Si no hay hechos nuevos que obstruyan la investigación, la detención es ilegal”.
Alexandre de Moraes, el juez encargado del caso y que también es la víctima, una contradicción según algunos juristas que no ha impedido al STF dejarle llevar el caso, tiene una opinión diferente. Moraes, que firmó la decisión de arresto, consideró que nuevos e importantes hechos revelaron “diversas conductas dirigidas a dificultar u obstruir la referida investigación”.
El presidente Lula también intervino en el caso. En una rueda de prensa inmediatamente después de su dimisión del hospital de San Pablo donde estaba internado y en sus redes sociales, comentó la detención de Braga Netto, diciendo que respeta la presunción de inocencia. “Todo lo que yo no conseguí, quiero que lo consigan. Pero, si se comprueba lo que pretendían hacer, que es un golpe de Estado, tendrán que ser severamente punidos. No podemos tolerar la falta de respeto a la democracia y a la Constitución. No podemos aceptar, en un país tan generoso como el nuestro, que haya gente tramando la muerte de un presidente de la República elegido, de su vicepresidente y del juez que presidía el Tribunal Supremo Electoral”, dijo Lula.
También intervinieron sus ministros. Paulo Pimenta, responsable de comunicación del gobierno, declaró en sus redes sociales que “el día comenzó con la detención de Braga Netto. Que todos los golpistas sean investigados, juzgados y responsabilizados por atentar contra nuestra democracia”. Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), habló de Braga Netto, así como de la condena del STF al bolsonarista Roberto Jefferson a nueve años de prisión y de la mayoría en el Tribunal Regional Electoral para destituir a la diputada Carla Zambelli. “Son tres nombres de la cúpula bolsonarista que han cometido gravísimos crímenes contra la democracia. Tres incitadores al odio y a la violencia política. No puede haber impunidad para estas personas. Castigo para todos, empezando por el líder inelegible. Sin amnistía”.
En cuanto al Ejército, dijo en un comunicado que está “siguiendo las investigaciones determinadas por el Tribunal y cooperando con las autoridades”, pero que “no hará comentarios sobre los procedimientos llevados a cabo por otras instituciones”. Como militar, Braga Netto está detenido en la 1ª División del Ejército en Rio de Janeiro. En un editorial, el diario O Estado de São Paulo escribió que “cualquiera que sea el destino criminal del general Braga Netto, su detención preventiva muestra el alcance de la vergüenza que el bolsonarismo ha traído a las Fuerzas Armadas”. El texto también afirma que “la detención de un personaje como Braga Netto, que ha sido una figura central de la política brasileña en los últimos años, es indicativa de la falta de escrúpulos con la que altos cargos del anterior gobierno parecen haber actuado para mantenerse en el poder a pesar de su derrota electoral”. Según el diario Folha de São Paulo, “la detención de Braga Netto es un punto de inflexión para el Ejército. Su Comando puede aprovechar la crisis para consolidar el cambio histórico, pero debe correr contra el tiempo”.
Brasil, recordemos, nunca procesó realmente el capítulo de la dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985. En 1979, una controvertida Ley de Amnistía, sancionada por el entonces presidente João Batista Figueiredo, amnistió a todos los que cometieron crímenes políticos entre el 2 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979. En 2012, durante el gobierno de Dilma Rousseff, se creó la Comisión de la Verdad, que en 2014 presentó un informe en el que tipificaba a 377 personas como responsables directos o indirectos de torturas y asesinatos durante la dictadura militar. Ninguna de ellas, sin embargo, fue detenida.
Así pues, la operación ‘Anti-Golpe’ ha vuelto a despertar fantasmas del pasado y, según los analistas, también desempeñará un papel importante de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Braga Netto ocupa actualmente el cargo de secretario nacional de Relaciones Institucionales del Partido Liberal de Bolsonaro, partido ahora desintegrado por la investigación de la intentona golpista y hasta ahora la más fuerte alternativa de derecha al PT de Lula. En un momento delicado en el que el país se cuestiona si Lula, de 79 años, está preparado o no para un cuarto mandato, los brasileños se encuentran así con pocas alternativas de oposición. Si hasta ahora la polarización ha dividido al electorado, el riesgo, temen varios analistas, es que en 2026 los ciudadanos lleguen sin muchas opciones ni cambios, a menos que el centro-derecha construya rápidamente una alternativa válida y creíble en los próximos dos años.
Fuente Infobae
