El juez federal Guillermo Molinari ordenó la captura nacional e internacional de un tucumano acusado de autorizar pensiones «truchas», en el marco de la investigación por una defraudación de más de $ 20 millones en perjuicio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en Santiago del Estero, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de Luis Manuel Paz, coordinador del área de Gestión y segundo jefe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) santiagueña, que se encuentra prófugo de la justicia federal.
Paz es oriundo de la ciudad de San Miguel de Tucumán y viene desempeñándose hace 11 años en esas funciones jerarquizadas, y los investigadores sospechan que manejaba una oficina paralela en el organismo nacional en la que varias personas se beneficiaron por el cobro de pensiones «truchas».
En la misma resolución, Molinari ordenó otras 10 nuevas detenciones, en su mayoría beneficiaros de la millonaria estafa, informó Télam.
El magistrado, en tanto, tiene previsto ampliar la indagatoria de Luis Villar, un gestor de 42 años, detenido en uno de los procedimientos a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), que incluyeron allanamientos y el secuestro de computadoras, sellos y expedientes en la Anses.
Cómo era la operatoria
Para el otorgamiento de las pensiones, por montos que oscilaban entre los $ 12.000 y $ 29.000 pesos mensuales, se utilizaban actas de matrimonios falsas en las que jóvenes aparecían casadas con personas fallecidas, que eran elaboradas en oficinas de Registro Civil del interior provincial.
Por su parte, el fiscal federal Pedro Simón, que reasumió sus funciones tras un breve período de vacaciones, dictaminó en contra de los pedidos de eximición de prisión para otros imputados en la millonaria defraudación al organismo nacional.
Las mismas fuentes informaron que el próximo martes deberá comparecer en el Juzgado Federal de Santiago del Estero la titular de la Anses local, Natalia Neme, que se constituyó en querellante para aportar información y documentación relacionada con el fraude.
En la misma causa, Graciela Saad, César Torres y el abogado Marcos Chazarreta, empleados de la Anses, permanecen detenidos e imputados por «falsificación de documentos públicos, defraudación, abuso de autoridad y asociación ilícita».
También fueron apresados y prestaron declaración indagatoria los beneficiarios Celeste Lucatelli, asesora y sobrina de la diputada nacional Mirta Pastoriza, su hermano Héctor Lucatelli y Paola Conte.
De acuerdo con una auditoría, los detenidos están involucrados en 30 casos de estafa, 23 de los cuales corresponden a otras tantas personas que cobraban pensiones, en tanto dos estaban en curso de pago y la restante había sido denegada.
La Gaceta
