Calle Belgrano 1018, en Dique Luján, partido de Tigre. Allí vivía el ex secretario de Obras Públicas José López y allí escondía los nueve millones de dólares con los que fue detenido en un convento de monjas. El tribunal oral que juzgará a López por enriquecimiento ilícito ordenó que se analice el estado del inmueble ante la denuncia de quien se presenta como dueño de la casa –y que para la justicia es el testaferro del ex funcionario– de que se encuentra «gravemente deteriorada».
Eduardo Gutiérrez es un empresario que está procesado y será juzgado junto a López y otros acusados como el presunto testaferro del ex funcionario. Figura como dueño de la casa de Tigre pero para la justicia solo dio su nombre porque López, el verdadero titular, no podía justificar el dinero con el que compró la casa.
La defensa de Gutiérrez pidió que le devuelvan la vivienda bajo la figura que la justicia disponga para poder conservarla por su deterioro y porque está perdiendo valor. Sobre el inmueble pesa hoy una «medida de no innovar» que impide tomar cualquier medida que modifique el estado de la casa que está con custodia de la Policía Federal.
«Mientras el proceso penal avanza, con los avatares lógicos del trámite, la casa se encuentra desocupada y gravemente deteriorada», sostuvo la defensa en noviembre pasado en un planteo ante la Cámara Federal.
Denunció que en los allanamientos que se realizaron en la vivienda -en uno de ellos se encontró un falso entrepiso debajo de un tanque de agua en el que López escondía los dólares y los euros– «se causaron graves averías a la propiedad, entre las que podemos mencionar rotura de pisos, decks, sanitarios, puertas, ventanas, revestimientos, jardines, etc.». Y concluyó que «permitir que este deterioro avance atenta contra el objetivo propio de la medida cautelar de prohibición de no innovar». El objetivo es que si López es condenado en el juicio oral la vivienda será decomisada y pasará al Estado. Lo mismo que los millones de los bolsos y otra propiedad por la que está acusado.
La Cámara rechazó el pedido de devolución de la casa y dispuso que sea el tribunal oral que tiene el caso el que disponga las medidas que crea necesarias para conservar la propiedad. Eso fue lo que hizo el Tribunal Oral Federal 1 el 28 de diciembre pasado.
El juez Gabriel Vega ordenó que el Colegio Público de Martilleros y Corredores de San Isidro designe personal para que «realice un informe con una completa descripción del estado actual de conservación del inmueble tanto de su interior como de su exterior».
«También deberán brindar información sobre las características generales del mismo, su estado de conversación y si existen desmejoras y/o averías en la construcción», señala la resolución judicial a la que accedió Infobae. Por último, el tribunal requirió «los valores de valuación fiscal, de valuación inmobiliaria de referencia y el valor de la propiedad».
La inspección todavía no tiene fecha y se hará en febrero, cuando regresa la actividad judicial tras el receso de enero.
Los millones de dólares de López
La casa de Tigre tiene 200 metros cuadrados en un predio de 2000 metros con muelle propio y está valuada en 680 mil dólares. Allí vivían López con su esposa, María Amalia Díaz, y le pagaban a Gutiérrez un alquiler de 17.500 pesos mensuales para la época en la que el ex funcionario fue detenido. Pero para la justicia López -quien había sido electo diputado del Parlasur- era el verdadero dueño: el alquiler era simulado y el precio que pagaba era irrisorio por la propiedad, tenía documentos de la vivienda que no le corresponde a un inquilino, se comprobó que Díaz ordenó reformas que solo puede hacer el propietario y la fachada de la vivienda era la misma de una casa que el matrimonio tiene en Río Gallegos.
López fue funcionario durante los 12 años de kirchnerismo y escoltaba en el Ministerio de Planificación a Julio De Vido, también preso. Acompañaba a Néstor y a Cristina Kirchner desde Santa Cruz y estuvo en lo que para la justicia fue el corazón de la corrupción de la última década: la obra pública.
La madrugada del 16 de junio de 2016 López fue detenido en un convento de monjas de clausura de General Rodríguez con bolsos que tenían 8.982.047 de dólares, 153.610 euros, 59.114 pesos, dos relojes Rolex y una carabina. «Era plata que venía de la política», dijo López sobre los millones cuando fue indagado por segunda vez por el juez federal Daniel Rafecas. Nunca dio precisiones sobre esa frase que podía preanunciar un arrepentimiento.
López estaba siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito desde 2008. Con su detención la causa se reactivó y llevó a que se acusara a López por los bolsos, por su casa de Tigre y por un departamento en la avenida Las Heras al 2000, en la ciudad de Buenos Aires, que compró con la empresa «Marketing y Eventos S.A.» como pantalla.
El Tribunal Oral Federal 1 tiene que realizar el juicio contra López; su esposa; los empresarios Gutiérrez, Andrés Galera –presuntos testaferros de la casa de Tigre–, y Carlos Gianni y el abogado Marcos Marconi –dueños de «Marketing y Eventos S.A.»–; y la monja Celia Inés Aparicio, acusada de encubrir a López cuando llevó los bolsos al convento.
El tribunal tiene que fijar la fecha de inicio de juicio que se prevé que sea este año porque es un caso con prioridad ya que López está detenido.
El ex funcionario tiene otras causas. Está procesado con De Vido, la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios por las irregularidades en la obra pública concedida al empresario detenido Lázaro Báez. También está procesado en las causas «Skanska» y «Sueños Compartidos». Además, recibió un año y siete meses de prisión en un juicio abreviado que acordó por la portación ilegal de la carabina con la que fue detenido en el convento.
