Las irregularidades en la obra pública durante el gobierno anterior suman otro capítulo. La ex intendente de la localidad correntina de Perugorría, Angelina Lesieux, ya había sido noticia durante 2017 por entregar 40 viviendas sin los servicios más elementales, a pesar de que su gestión había recibido 25 millones de pesos por parte del gobierno kirchnerista para esas obras.
El dinero también debería haber sido destinado a la construcción de un puente, una ciclovía y un denominado «paseo del bicentenario» en ese pueblo correntino. Ninguna de esas obras se concretaron. Las imágenes irrefutables de las promesas inconclusas de la «gestión Angelina», como solía anunciarse en sus spots, fueron difundidas por primera vez hace más de un año en América TV.
De todos modos, Lesieux no se sonrojó al asegurar en declaraciones a los medios que esas viviendas «están terminandas aunque todavía le faltan los servicios». En ese momento, mediados de 2017, la ex intendente entregó las 40 casas a sus dueños a pesar de que todavía no tenían puertas, ventanas, cielo raso, agua, luz, gas ni electricidad.
Por entonces, el barrio de las casas fantasma tampoco contaba con cloacas ni calles pavimentadas.
A raíz de estas irregularidades, la ex intendente y su pareja -antecesor en la jefatura comunal-, Jorge Corona, son investigados por presunto desvío de fondos y enriquecimiento ilícito. Sucede que, en paralelo, la justicia correntina detectó quince inmuebles a nombre de Leisieux, Corona y un hijo menor de edad.
Tras la suma de las pruebas recolectadas, muchas de ellas a la vista y registradas por cámaras de televisión, el juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, ordenó la detención de Lesieux y Corona. Sin embargo, los ex intendentes no fueron encontrados en el domicilio que informaron, por lo que «para la Justicia, están prófugos», aseguró el juez.
En la causa, iniciada en la Oficina Anticorrupción, también hay otros tres ex funcionarios municipales imputados y detenidos: la extesorera Patricia Yolanda Vera, la exsecretaria de gobierno Sabrina Lammens y el exauditor municipal Ernesto Moray Mussio.
Además, la Justicia allanó la municipalidad de Perugorría y los domicilios de la ex intendente y de integrantes de su gabinete. Durante esos procedimientos, se secuestró documentación de utilidad para probar la suma de los fondos enviados por el gobierno nacional, cuando Julio De Vido era ministro de Planificación Federal y José López estaba a cargo de la secretaría de Obras Públicas.
