La decisión del gobierno de Javier Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, sigue generando repercusión en distintos sectores políticos y sociales. En este caso, fueron varias ONG las que rechazaron la decisión.
En la misma línea, manifestaron que “la decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional”.
Entre otras organizaciones, firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Poder Ciudadano. Meses atrás, en agosto del 2024, habían participado de una audiencia pública en el Senado donde expusieron su rechazo a las postulaciones de Lijo y García-Mansilla.
En tanto, hicieron hincapié en que “el Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer”. Y remarcaron: “El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud”.
En ese sentido, las organizaciones indicaron que “eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía”. Además, argumentaron que en las audiencias públicas se plantearon múltiples impugnaciones por falta de idoneidad e independencia de los candidatos.
Por su parte, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) solicitó una medida cautelar para que se suspenda la toma de juramento de Lijo y García-Mansilla en la Corte Suprema. “El dictado del decreto 137/2025 demuestra la vulneración de principio de no concentración de poder”, explicaron.
Según el CEPIS, esta decisión del Gobierno “evidencia la arbitrariedad e inconstitucionalidad del mismo, asumiendo el Poder Ejecutivo facultades que le son regladas al poder legislativo en la búsqueda de consensos y control cruzado de facultades y deberes. En definitiva, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades vedadas por la Constitución Nacional”.
Fuente TN
