Luis Moreno Ocampo cobró notoriedad en la Argentina por su trabajo junto al fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas y, más tarde, por su trabajo en la lucha contra la corrupción. Ese currículum lo llevó a ser el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, extendiendo su reconocimiento más allá de las fronteras. Ese prestigio internacional es puesto ahora en duda por una investigación llevada a cabo por la red europea de periodismo de investigación EIC publicada hoy. De acuerdo con la denuncia, que se basa en el análisis de más de 40.000 documentos -balances contables, cables diplomáticos y correspondencia, cruzados con fuentes de información pública- «la integridad de Ocampo» está «en duda mientras estuvo en el cargo y después».
La investigación, publicada en España por el periódico El Mundo, afirma que «Moreno Ocampo y su mujer tuvieron negocios en paraísos fiscales durante su mandato en el tribunal internacional» y señala que «al dejar la oficina, defendió a un objetivo potencial del Tribunal para el que trabajó durante nueve años».
El 15 de agosto de 2012, dos meses después de que Moreno Ocampo dejara su puesto como fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, su cuenta en el banco holandés ABN AMRO recibió 50.000 euros procedente de una cuenta en Suiza. «El emisor inicial es Tain Bay, una empresa registrada en Panamá. En los meses siguientes, las transferencias con origen en Panamá y escala en Suiza se repetirán», sostiene el artículo.
El Tribunal Penal Internacional fue creado en 1998 para perseguir los peores crímenes contra la humanidad. Luego de nueve años como fiscal en el TPI, hoy Moreno Ocampo trabaja como abogado penal en el estudio neoyorquino Gentik & Getnick, da clases en Harvard y presta servicios de consultoría legal. Tras conocerse los movimientos de dinero y la información de que Moreno Ocampo defendió a un objetivo potencial del TPI, la investigación «pone en duda la integridad de Ocampo mientras estuvo en el cargo y después».
«Durante los nueve años que duró su mandato, Ocampo tuvo al menos una empresa en un paraíso fiscal. Según el registro de empresas de Panamá, el presidente de Tain Bay era una sociedad llamada Forman Management. Pero los documentos obtenidos por el medio de investigación francés Mediapart y analizados por EIC revelan quién estaba detrás de la empresa panameña: el propio Ocampo y su mujer, Elvira Bulygin.
Esa no fue la única «offshore» a la que está vinculado Moreno Ocampo. Su esposa aparece formando parte de Lucia Enterprises, con sede Belice y que en septiembre de 2012 recibió 15.000 dólares del abogado. Transparent Markets, una de las últimas empresas conocidas del abogado argentino, tenía sede en Uruguay, considerado hasta hace poco tiempo un paraíso fiscal en Latinoamérica. «Además, la pareja era accionista de Yemana Trading, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y gestionada por Mossack Fonseca, el despacho cuyos negocios quedaron al descubierto con los Panama Papers», sostiene la investigación.
Cuando aún trabajaba como fiscal de la corte, en diciembre de 2009, Moren Ocampo discutió con su asesor bancario las «oportunidades» que brindaba el paraíso fiscala que era por entonces las Islas Vírgenes Británicas, lo que luego terminaría cuando se aprobara una nueva legislación que hacía más difícil mantener el anonimato de los beneficiarios reales de las sociedades. «He hablado con la gente de Fonseca para establecer una empresa en Panamá», decía el entonces fiscal.
Consultado por la red europea de periodismo de investigación, Moreno Ocampo negó que él o su familia evadieran impuestos y aseguró no haber tenido otros ingresos por fuera de los que el Tribunal Penal Internacional le pagaba, un salario que rondaba los 150.000 euros al año. «Tenía que protegerme en un país donde los bancos un día deciden llevarse su dinero. Así que tenía dinero fuera de Argentina», dijo, al tiempo que no negó la existencia de Yemana Trading, Tain Bay y Lucia Enterprises.
De acuerdo con los estatutos de la Corte Penal Internacional, el cargo de fiscal jefe debe estar en cabeza de una persona con «alto carácter moral», que no esté involucrado «en ninguna actividad que pueda interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia». La vinculación del ex fiscal con tres empresas offshore en tres paraísos fiscales pone en duda que haya tenido la integridad requerida
Sin embargo, esa no es la opinión del ex fiscal de las juntas. Al ser consultado por el EIC, Luis Moreno Ocampo «soltó una carcajada». «Interesante. Muy interesante», respondió cuando le señalaron la existencia de las empresas y agregó: «Demuéstralo». Yemana Trading, en las Islas Vírgenes Británicas. Tain Bay, en Panamá. Lucia Enterprises, en Belice.
Tres sociedades en tres paraísos fiscales distintos. «¿Cómo está conectado esto con mi trabajo?», preguntó, mientras el periodista le explicaba la inconveniencia de tener negocios en paraísos fiscales mientras se ocupa un cargo que exige «lo más altos estándares morales». «¿Cómo tiene esta información?», inquirió, al tiempo que agregó: «No es de tu incumbencia. Y, ¿sabes? Mientras ocupaba el cargo mi salario no era suficiente».
Además de sus negocias ocultos, los más de 40.000 documentos analizados por el EIC muestran que Moreno Ocampo actuó en contra de los intereses de la Corte al defender al magnate petrolífero libio Hassan Tatanaki. El ex fiscal «utilizó su red personal en la organización en beneficio de su cliente y puso en riesgo la confidencialidad de las investigaciones del tribunal al que debe en gran parte su estatus».
El 14 de mayo de 2015, Moreno Ocampo presentó en la CNN una nueva iniciativa llamada Justice First, promovida por Tatanaki, para «conseguir la paz en una Libia en guerra tras la caída de Khadaffi». Sin embargo, las aspiraciones del empresario libio eran otras: Moreno Ocampo tenía experiencia con Libia. En 2011, por pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, investigó los crímenes de los primeros años del régimen de Khdaffi.
«El caso prometía potenciar la figura de Ocampo y su labor como fiscal, pero la ejecución del dictador truncó la posibilidad de un juicio y terminó con las expectativas del abogado argentino», sostiene El Mundo.
El trabajo financiado por Tatanaki le dejó a Moreno Ocampo «un salario anual de un millón de euros. Mucho más que los alrededor de 150.000 euros netos anuales que cobraba en el Tribunal. Como parte del plan estratégico de Justice First, el propio Tatanaki se reunió con líderes tribales para trabajar en el camino del entendimiento, pero su afán no era sólo conciliador. Mientras manifestaba estar por encima de los partidos con Justice First, Tatanaki se relacionaba con el general Khalifah Haftar, líder de uno de las partes en conflicto, el Ejército Nacional Libio. Haftar había comenzado en 2014 la ‘Operación Dignidad’, en teoría una ofensiva contra el DAESH y otros grupos extremistas; en la práctica, un ataque a muchos otros partidos. Su actuación no tardó en causar problemas y la sucesora de Ocampo en el Tribunal, Fatou Bensouda, informó al Consejo de Seguridad de la ONU de su preocupación por la vulneración de los Derechos Humanos por parte del general».
El 18 de mayo de 2015, Moreno Ocampo recibió un correo de una antigua colega, consultora de cooperación internacional en la oficina del Fiscal, adjuntando un artículo que refería que «el general Haftar había amenazado de muerte a quienes no se unieran a ‘Operación Dignidad’. Y lo había hecho a través de una de las cadenas de televisión de Tatanaki». «Si tiene a gente en su canal diciendo ese tipo de cosas, es una incitación a crímenes tipificados en el Estatuto de Roma y es algo de lo que debéis ser conscientes», le dice la consultora. Sin embargo, aún teniendo conocimiento de las relaciones inapropiadas de su cliente Moreno Ocampo continuó ligado a él. Aún más: decidió protegerlo frente a una posible acusación. «Necesitamos una estrategia para aislar a Hassan», le escribió al asistente de Tatanaki.
Al ser consultado sobre los intereses de Bensouda en Tatanaki, Moreno Ocampo negó haber contactado a nadie de la Corte Internacional, aunque los documentos muestran que informó al asistente del magnate petrolífero cuando ‘Operación Dignidad’ se convirtió en un objetivo del Tribunal. El siguiente plan estratégico incluía «proteger a HT de acciones legales».
En los últimos años, los vídeos de las tropas de Hartar ejecutando a sospechosos de terrorismo se han sucedido en las redes sociales. El mes pasado, la Corte emitió una orden de arresto contra uno de los comandantes de Haftar. «Arreglar Libia legalmente era una gran idea -dijo el ex fiscal del Juicio a las Juntas durante la entrevista con la red europea de periodistas de investigación-. Simplemente no funcionó».
La denuncia publicada por El Mundo recoge también artículos publicados en Der Spiegel y NRC, en los participaron los periodistas Sven Becker, Hanneke Chin-A-Fo y Paula Guisado. De la investigación participaron más de 20 periodistas y técnicos de diez medios de Europa y África, con la coordinación de Stefan Candea.
