Reforma del Código Penal, Seguridad Interior y Defensa
«Impulsaremos la reforma del artículo 34 del Código Penal para establecer la legítima defensa especial para los agentes que, en servicio o fuera de él, intervengan para defender la vida, la integridad física, la libertad o la propiedad de las personas», reza una parte del texto.
Además de mencionar la intención de reformar ese Código «para restringir el uso abusivo de la prisión preventiva respecto al personal policial», también se propone «la baja de la edad de imputabilidad».
«Vamos a impulsar la baja de la edad de imputabilidad y modificar el régimen de menores que delinquen, para solucionar un vacío legal y evitar que los menores sean usados por redes delictivas», detalla.
Otra de las reformas que impulsa la coalición es sobre las leyes de Seguridad Interior y Defensa, con el objetivo de que las fuerzas federales tengan «apoyo logístico» del Ejército en «zonas críticas» como la ciudad de Rosario y el conurbano.
Reformas laborales
En cuanto a las «políticas laborales», Bullrich propone la «actualización de los convenios colectivos», «terminar con la industria del juicio» y que «los trabajadores informales» tengan «mecanismos de transición realista hacia el empleo formal».
Sobre este último punto, el documento destaca la creación de «mecanismos simples como el de empleados de casas particulares», un régimen especial promulgado en el año 2013 durante el Gobierno de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.
También se menciona la reinstauración del «servicio cívico voluntario en valores», un programa que dirigido «a jóvenes de 18 a 25 años sin secundario y sin trabajo», que brindará «oportunidades de formación, fomento del compromiso personal y comunitario».
Este plan ya había sido impulsado por Bullrich en 2019 cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad, tuvo 1.200 inscriptos y fue administrado por la Gendarmería Nacional.
Políticas sociales
En cuanto a las «políticas sociales», la exministra de la Alianza propone la eliminación del programa Potenciar Trabajo y reconvertirlo «desde el primer día » en un «seguro de desempleo temporal».
«Con el sistema de seguro de desempleo las personas con este plan social deberán demostrar mensualmente que buscaron empleo, asistieron a una institución educativa o se capacitaron en un instituto de formación profesional», indica.
Además, propone que «vamos a bajar los ministerios a la mitad» y, si bien no precisa cuáles son los que dará de baja, señala que «tendremos solo los ministerios indispensables para dar los servicios que la población necesita».
El documento, además, impulsa «reducir a su mínima expresión los cargos políticos» y una «racionalización de las empresas públicas» como parte de la «reforma del Estado».
«El objetivo es que no produzcan gastos, es decir déficit, al Estado. Deberán presentar sus planes de negocio y tendrán fechas límites para ordenarse y autofinanciarse», explica.
Como ejemplo de esto, el documento señala a Aerolíneas Argentinas, la cual «luego de un período de transición breve» dejará de «recibir subsidios estatales».
Bullrich también postuló que «derogará» el decreto 690 con el que el presidente Alberto Fernández estableció a las telecomunicaciones como «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia».
La candidata volvió a hacer alusión al trabajo que lleva adelante el Conicet y sus profesionales, al que calificó como un «organismo de referencia mundial» pero que «ha sufrido cierta partidización y desviación de sus objetivos».
«Vamos a fortalecerlo y vincularlo fuertemente con el sector productivo, mediante asociaciones público privadas para la investigación y desarrollo», remarca, y agrega que «los becarios deberán presentar avance periódico de sus investigaciones» ya que «las becas son para producir saberes, no es un sueldo encubierto para no investigar».
Las últimas novedades de las Elecciones 2023 en Argentina
Las elecciones generales se celebrarán este 22 de octubre en todo el país y, en caso de un empate técnico, los dos candidatos más votados este domingo irán a una segunda vuelta en noviembre. En este marco, ¿cómo impactaría un balotaje en el último fin de semana largo del año?
Para ser electo presidente en primera vuelta, el candidato más votado debe obtener el 45% de los sufragios o el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo postulante. Caso contrario habrá balotaje, que según la ley debe realizarse dentro de los 30 días de realizada la elección general.
En un hipotético escenario de segunda vuelta, la Cámara Nacional Electoral (CNE) estipula que los argentinos deberán volver a las urnas el domingo 19 de noviembre, en el medio del último fin de semana largo del año estipulado debido al lunes 20 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía Nacional.
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