El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió hoy ante el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) a combatir la impunidad en los casos de asesinatos de periodistas en el país que vienen causando conmoción nacional y mundial y erosionando aún más su gestión.
«Mi Gobierno está comprometido a garantizar el ejercicio pleno de las libertades de expresión y de prensa», enfatizó el mandatario en una reunión que sostuvo con una delegación del CPJ en la residencia oficial de Los Pinos, en la Ciudad de México.
El encuentro tuvo lugar anoche (la madrugada de hoy en la Argentina), un día después de que el CPJ presentara su informe «Sin excusas» sobre los problemas y amenazas que enfrentan los periodistas en México.
El informe se presentó en Veracruz, uno de los estados mexicanos con mayor número de periodistas asesinados y amenazados.
El CPJ denunció que al menos 40 periodistas fueron asesinados en México por su profesión desde 1992 hasta la fecha. Además tiene registrados unos 50 casos de amenazas contra hombres y mujeres de prensa.
«Saludamos el compromiso del presidente Peña Nieto para romper este ciclo criminal y asegurar que se proteja a los periodistas amenazados», dijo en un comunicado el coordinador del programa para las Américas del CPJ, Carlos Lauría.
Lauría y su delegación entregaron un informe a Peña Nieto en el que le explican que en México se vive «una crisis», aunque señaló que el mandatario habla «de muchas dificultades», citó la agencia de noticias DPA.
«Nosotros creemos que es una crisis de libertad de expresión, más que libertad de prensa, porque está impidiendo que muchos mexicanos en muchos lugares del país puedan debatir abiertamente los temas que más les aquejan», señaló.
Indicó también que sobre el tema de la impunidad, el gobernante reconoció que hace falta más trabajo en materia judicial.
«Necesitamos consolidar el nuevo sistema de justicia, pero ello no es una excusa», manifestó Peña Nieto.
La reunión duró 90 minutos y contó con la participación del fiscal general, Raúl Cervantes Andrade; del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; y del ministro del Interior, Miguel Ángel Osorio.
Télam
