De los 550 trabajadores de la planta de PepsiCo que esta mañana fue escenario de incidentes (60 de ellos fuera de convenio), una gran mayoría acordó su desvinculación y recibió el doble de lo que prescribe la Ley de Contrato de Trabajo. Así surge en los registros oficiales que tiene el Ministerio de Trabajo, que siguió de cerca la situación de la empresa.
Para entender el conflicto, hay que remontarse a su origen, cuando la compañía anunció que trasladaría sus operaciones de la planta de Florida al Municipio de General Pueyrredón.
Ante este panorama, se inició el procedimiento preventivo de crisis que permitió que 455 trabajadores acordaran su desvinculación, según consta en la documentación oficial que posee el Ministerio de Trabajo.
Los montos de las desvinculaciones oscilan entre los $600 mil y los $5 millones, precisaron fuentes de las negociaciones. Además, todos los trabajadores mantendrán la cobertura de salud en las mismas condiciones hasta abril del 2018.
Fuentes oficiales informaron que el Gobierno puso a disposición de los empleados cesanteados el programa de transformación productiva. Pese a ello, un grupo de trabajadores vinculados a agrupaciones políticas de izquierda decidieron tomar la planta.
En el oficialismo dicen que son las mismas agrupaciones que en el pasado agitaron conflictos en compañías como Lear, Donnelly y Kraft.
Este jueves, en cumplimiento de una orden judicial, la Gendarmería desalojó las instalaciones. Los militantes que ocupaban la fábrica reaccionaron violentamente con palos y piedras. Una sargento terminó con una fractura expuesta de tibia y peroné producto del golpe de un adoquín que partió desde el techo de la fábrica. Otros 14 oficiales debieron ser trasladados con heridas de distintos grados.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el operativo: «El gobierno bonaerense hizo lo que tenía que hacer y actuó».
