Zavaleta sostiene que existen fuertes sospechas de que todos ellos forman una organización criminal en el seno del actual Gobierno de Pedro Castillo, que se habría servido de empresarios y otros funcionarios públicos para favorecer al Consorcio Tarata III en la adjudicación de la construcción de un puente sobre el río Huallaga a su paso por el departamento de San Martín (norte).
El caso aborda la adjudicación de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles (52 millones de euros) a este consorcio, después de que una oficina del Ministerio de Transportes señalara que no cumplía con los criterios técnicos necesarios.
La investigación gira en torno a las declaraciones de la empresaria Karelim López -quien se habría reunido en el Palacio de Gobierno con Pacheco y los sobrinos de Castillo-, quien aseguró que Villaverde presentó a Pasapera un listado de obras del Ministerio de Transportes, a las que podían presentarse sus empresas sin necesidad de concurso público.
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