La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, después de seis meses y una costosa curva de aprendizaje para el oficialismo, encierra una paradoja que recién ahora está siendo analizada por el Gobierno y la oposición dialoguista, que se ocupó de negociar para que la madrugada de este jueves el presidente tenga a disposición las herramientas para ejecutar su plan de gobierno. Los que más se opusieron a su aprobación serán al mismo tiempo los que recogerán los mayores beneficios, algunos en el corto, otros en el mediano y los demás en el largo plazo.
En esa lista pueden anotarse a los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Claudio Melella (Tierra del Fuego), cuyos senadores y diputados votaron masivamente en contra de ambas iniciativas pero se garantizaron recursos valiosos para enfrentar un año de carencias. También, la CGT, que pese a los pataleos públicos del ala dura encarnada por Pablo Moyano y de los sindicatos con sueldos más altos, se encontró con una reforma laboral “amigable”, que no tocó la caja de los gremios, ni avanzó más sobre las obras sociales, y puede servir de palanca para crear nuevos puestos de trabajo formales, por ende, más cotizantes.
La votación ajustada en el Senado -que obligó a desempates in extremis de la vicepresidente Victoria Villarruel- y la sanción con un puñado de votos más que el mínimo en Diputados para restituir el Impuesto a las Ganancias y los cambios en Bienes Personales evidenciaron que el Gobierno de Milei tuvo que hacer concesiones a sus propuestas originales, debido a la unidad granítica que demostró el kirchnerismo en ambas Cámaras. Es que Unión por la Patria hizo valer sus 33 senadores y 100 diputados y pese a la “derrota” que representó la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, los mismos gobernadores y sindicalistas, podrán recibir los “beneficios” de ambas iniciativas, sin haber arriado sus banderas.
Este fue uno de los temas que se habló en la reunión que mantuvieron en la Casa Rosada una comitiva de diputados radicales y del PRO, encabezados por el presidente del bloque UCR, Rodrigo De Loredo, que fueron a alertar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que Kicillof se va a hacer de más fondos derivados de la coparticipación de Ganancias, sin estar obligado a transferir de manera obligatoria parte de esos recursos a municipios opositores. “El costo y los votos los ponemos nosotros y el beneficio se lo lleva él solo”, dijeron después de esa reunión.
¿Por qué esa advertencia? Un informe elaborado por Nadin Argañaraz, que preside el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) al que accedió Infobae puede servir para explicar con números de qué se trata esta paradoja que generó la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, que beneficia, principalmente, a los que más se opusieron. Es un trabajo de investigación que le pone números, mientras que el encuestador Federico Aurelio, de la consultora Aresco, planteó una mirada cualitativa sobre la relación política Nación-Provincias, que complementa los fríos datos econométricos.
“Como resultado neto, el cambio de Ganancias implica una mayor presión tributaria efectiva para la economía, estimada en 0,5% del PBI anual. En efecto, en moneda actual, la suba es del orden de $3.100.000 millones (…) Dado que el Impuesto a las Ganancias es un impuesto coparticipable, aproximadamente un 60% de lo recaudado va a las provincias y CABA, y el restante 40% va a Nación. En efecto, del 0,5% del PBI de mayor recaudación potencial, 0,30% va a ir a las Provincias y CABA y 0,2% va a ir a la Nación”, describió el presidente del IARAF.
De acuerdo con el informe, para la Nación, “este posible 0,2% del PBI de recaudación anual extra equivale al 5% del esfuerzo fiscal total que requiere la eliminación de un déficit fiscal anual del orden de 4,4% del PBI. En el mes de diciembre, la previsión de impacto positivo de recaudación por este motivo era el doble, es decir de 0,4% del PBI”.
“Lo evidente es que el resultado de la reforma es diferente por provincias, siendo el monto por habitante el más apropiado para la medición del impacto. Si se toman los extremos, los habitantes de Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa serían los más más beneficiados por la distribución de la recaudación ya que recibirían anualmente $115.000, $110.000 y $103.000 adicionales, respectivamente. Por su parte, los habitantes que menos recibirían serían los de CABA, Buenos Aires y Mendoza, con $13.600, $21.600 y $35.000, respectivamente”, resaltó el trabajo.
Y agregó que, en términos medios, la transferencia adicional sería de $67.500 por habitante. “Las provincias de Santiago del Estero y de San Juan tendrían un ingreso extra de coparticipación de $67.000 y $71.000, respectivamente”, describió el trabajo de Argañaraz.
“Para el caso de provincias como Catamarca y Formosa, la reforma de Ganancias es claramente favorable. Si se toma el caso de Catamarca, el gobierno provincial va a recibir un monto anual por habitante de $110.000, cifra que resulta de la combinación de un ingreso extra de $47.500 millones y una población de 429.500 habitantes. Esta cantidad de dinero es mucho mayor al aporte que van a hacer los catamarqueños a los que les toque pagar un mayor impuesto a las Ganancias a partir de la reforma”, concluyó.
El trabajo plantea que pese a haber puesto más de 30 votos en contra, la provincia de Buenos Aires que gobierna Kicillof recibirá una recaudación extra estimada en 378 mil millones de pesos; Santiago del Estero (Zamora), que votaron en contra sus ocho diputados, recibirá 71 mil; Formosa (Insfrán), con tres votos en contra, contará con $ 62 mil millones; La Rioja (Quintela), con cuatro votos en contra, 35 mil millones de pesos; La Pampa (Ziliotto), que puso dos votos en contra, 33 mil millones; y Tierra del Fuego (Melella), que tres votaron en contra, $ 21 mil millones.
Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), y Claudio Poggi (San Luis) emitieron un comunicado que pareció hacerse eco de esa paradoja.
“Hemos trabajado mucho junto a nuestros bloques para la sanción de la Ley Bases que el Gobierno le requirió al Congreso de la Nación. Creemos que es un instrumento útil para que pueda cumplir con el cambio que votaron la mayoría de los argentinos. Como el mismo Gobierno Nacional dijo, ahora tienen las herramientas para que comience una nueva etapa que debe ser de crecimiento, inversión y empleo. Hay millones de argentinos que acompañan, con extremo esfuerzo, y necesitan que estos cambios empiecen a notarse en su día a día y su bienestar económico. Ese es el gran desafío del Gobierno Nacional a partir de ahora”, indicó.
El resto de los gobernadores tuvieron una actitud de colaboración y de negociación abierta con la Casa Rosada. Hubo acuerdos que permitieron acercar votos claves de Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz). Y con los dos peronistas que se desengancharon del kirchnerismo: Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Aportaron votos propios, sacaron legisladores de sus bancas para facilitar la aprobación o “aportaron” abstenciones clave.
Fuente: infobae
